Michoacán experimenta el 'efecto cucaracha'

"Nosotros no vamos a la guerra si no estamos seguros de ganar", ha dicho en tono triunfalista el general mexicano Manuel García Ruiz, jefe supremo de las fuerzas conjuntas -7.000 militares y policías- que participan desde el 11 de diciembre en un gigantesco operativo antidroga en el Estado de Michoacán, donde han muerto 556 personas en 2006.

El optimismo del Gobierno de Felipe Calderón a la hora de hacer balance de la misión contrasta con las voces que piden cautela. Un ejemplo: según el general García, el grupo Los Zetas, desertores del Ejército que se convirtieron en sicarios del narcotráfico, ya no existe como tal. Un informe de la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR), contradice la versión y advierte que Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, siguen siendo una amenaza.

La mayoría de los policías municipales están implicados en la droga, dice un fiscal

Los Zetas están acabados porque han sido asesinados por organizaciones rivales o están detenidos, ha asegurado el general García, mando único de la Operación Conjunta Michoacán. "Si se habla del grupo original de Los Zetas que trabajó en el noroeste de la República, ya no hay ninguno". La información que maneja la PGR reconoce que aquel contingente de militares convertidos en sicarios ha sido diezmado y que no quedan más de 11 jefes, que han reclutado a nuevas generaciones de delincuentes. Advierte que por su nivel de entrenamiento, siguen siendo el grupo de sicarios mejor equipado de cuantos actúan al servicio del narcotráfico. De sus cabecillas el más buscado por las fuerzas desplegadas en Michoacán es Julio César Rosales Morales, señalado como jefe de Los Zetas y uno de los presuntos líderes de La Familia, una organización que se arroga el derecho de velar por la seguridad e impartir justicia en Michoacán a sangre y fuego. A lo largo del año que termina, los mensajes de este grupo siniestro aparecieron junto a una veintena de personas decapitadas en el Estado.

Las autoridades aseguran que en 13 días han sido detenidas 60 personas, entre ellas Alfonso Barajas, principal operador del cartel del Golfo, se han incautado importantes arsenales y destruido unas 3.000 plantaciones de marihuana. "Nos sentimos mejor porque hay más seguridad", dice un residente de Uruapan, ciudad donde la violencia de los narcotraficantes ha golpeado con fuerza. El mismo interlocutor advierte que ocho días antes de que llegara el Ejército, los capos más destacados habían huido. "La mayoría de detenidos son pinches vendedores de droga", señala. Es lo que los especialistas llaman "efecto cucaracha": ante un operativo militar, los narcotraficantes se diseminan por otros territorios menos vigilados. Ocurrió hace tres décadas con la Operación Cóndor del Ejército en Sinaloa. Los grandes capos de la época se desplazaron hacia otros Estados como Jalisco, donde instalaron nuevas bases. Según ha declarado el ombudsman (Defensor del Pueblo) sinaloense, Óscar Loza Ochoa, las incursiones de los militares provocaron el desplazamiento de miles de campesinos a zonas urbanas y la aparición de la cocaína como droga más rentable.

La Operación Conjunta Michoacán ha entrado en una segunda etapa, según anuncian los responsables, en la que las fuerzas militares y de la Policía Federal llegan a zonas rurales y urbanas con el objetivo de recuperar espacios para la ciudadanía. Pero la violencia continúa. El viernes, una decena de pistoleros con pasamontañas y uniformes negros con las siglas de la Agencia Federal de Investigación (AFI) asesinaron en Uruapan, segunda ciudad del Estado, a un policía que trabajaba como escolta de un empresario local. Los territorios donde se libra la batalla contra el narcotráfico coinciden con las rutas de distribución. Informes de la Marina mexicana señalan que gran cantidad de droga ingresa en el país por la costa del Pacífico, a través de puertos como Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Acapulco (Guerrero). Básicamente es cocaína procedente de Colombia. De cobrar un derecho de paso, las bandas rivales quieren controlar toda la ruta. Un porcentaje significativo de las víctimas de la guerra de la droga incluye a policías municipales y jefes policiales. "Hay mucha corrupción", reconoce José Luis Santiago Vasconcelos, jefe de la Subprocuradoría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). "No me atrevo a decir que todos están involucrados, pero la gran mayoría sí", añade el fiscal antidrogas. Las cifras de lo que cobran funcionarios de las organizaciones criminales son inquietantes: "Tratándose de AFI o jefes del Ministerio Público Federal se paga de 25.000 a 50.000 dólares cada quincena o cada mes. A los policías se les paga de 5.000 a 25.000 dólares a la quincena o al mes". La incorporación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico es el último recurso. De hecho, ya estaba seriamente comprometido en la batalla. Antes de la operación en Michoacán 25.000 soldados participaban en la destrucción de plantíos ilegales.