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Reportaje:El proceso para el fin de la violencia de ETA

Un diálogo al borde del precipicio

Las conversaciones entre el Gobierno y la banda terrorista ETA arrancan en la etapa más crítica del proceso para el fin de la violencia

A las 13.51 del 29 de junio, tres meses y una semana después de la declaración de alto el fuego de ETA, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en el Congreso, en una declaración medida y, aparentemente, memorizada, la nueva etapa que abría España para intentar el fin del terrorismo a través del diálogo con la banda. En los 70 días previos a ese anuncio del presidente, ETA redactó dos comunicados para implicar a Francia en el proceso y advertir de que la Constitución española no podía ser un obstáculo para la paz. En ese mismo tiempo, el Gobierno verificó el alto el fuego con algunas sombras de duda, mientras los socialistas vascos anunciaban su intención de reunirse con Batasuna, como un gesto para ayudar a un final feliz del proceso. Los jueces desencadenaron durante esos meses una operación contra el aparato de financiación de ETA que tuvo numerosos detenidos y llegó a implicar a un dirigente del PNV, para el que se fijó una fianza de 30.000 euros.

El Gobierno impulsó la detención de etarras tras el robo de 350 pistolas en Francia

Ambas partes fijaron el número de delegados en una reunión exploratoria en septiembre

El Gobierno contestó con un 'no' a todas las peticiones de ETA en la reunión de diciembre

En su declaración del 29 de junio en el Congreso, Zapatero estableció algunos compromisos con fecha fija que el tiempo y los acontecimientos se encargaron de frustrar. Habló el presidente de que a finales de septiembre tendría noticias para informar al Parlamento sobre la marcha del proceso, pero la situación se complicó en verano hasta convertir en inútil el anuncio de Zapatero, porque a finales de septiembre no habría grandes novedades respecto a la nueva etapa.

El 17 de agosto, ETA remitió un comunicado al diario Gara en el que aseguraba que, cinco meses después de la declaración de alto el fuego permanente, el proceso estaba "inmerso en una crisis evidente" y culpaba a PSOE y PNV de ese bloqueo.

En septiembre, Zapatero no pudo informar sobre novedades en el proceso, pero hubo una reunión exploratoria con representantes de ETA y presencia de observadores internacionales. La idea era preparar las reglas de juego del futuro diálogo para el fin del terrorismo. En esas reglas se incluye el número de representantes de cada parte y el número de observadores. En esa reunión de septiembre para tratar cuestiones de mero procedimiento, se acuerda la fórmula de tres personas por delegación y cuatro observadores internacionales. Resuelto el formato, los interlocutores acuerdan reunirse de nuevo en octubre con la idea de celebrar una reunión formal a mediados de noviembre. Para entonces, la tranquilidad que reinó en Euskadi en los primeros meses de la tregua había saltado por los aires. En agosto y septiembre, los episodios de terrorismo callejero en el País Vasco empezaron a hacerse frecuentes.

Los interlocutores que se reunieron en septiembre llegan a Suiza para continuar los contactos el lunes 24 de octubre. Ese día, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reúne con el fiscal general de EE UU, Alberto Gonzales, para analizar la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo internacional, la inmigración ilegal y la delincuencia organizada. Ese día, un comando de ETA roba 350 pistolas de distintas marcas y calibres de la empresa Sidam, situada en Vauvert, cerca de Nimes (Francia), dedicada a la importación de todo tipo de armas largas y cortas.

El martes 25 de octubre, los representantes de una y otra parte discuten sobre el atraco en la armería aunque en el orden del día que se fijó en septiembre no estaba ese asunto. Los enviados que representan al Gobierno preguntan si el robo de pistolas es una operación oficial autorizada por la dirección de ETA. La respuesta de la delegación de la banda es que no tenían ninguna información sobre esa operación y pide tiempo para dar una respuesta esa misma semana.

La explicación no satisface al Gobierno. ETA justifica el atraco de la armería -una demostración de fuerza ya que ETA no necesita de nuevas pistolas para matar pues podría hacerlo con el armamento del que aún dispone- y argumenta que, de la misma manera que el Gobierno no puede controlar al Poder Judicial en las decisiones que perjudican a la izquierda abertzale y a presos etarras, ellos tampoco poseen el control absoluto sobre todos sus miembros y grupos.

En esa coyuntura, la situación queda congelada y el proceso para el fin del terrorismo, seriamente amenazado. La reunión de noviembre para cerrar los últimos detalles ante el comienzo de las conversaciones queda en el aire. Como respuesta al robo de armas, el Gobierno impulsa la detención de una parte del aparato logístico de ETA en Francia y se lanza tras la pista de quienes robaron las armas. En la operación, ejecutada por la policía francesa, agentes antiterroristas españoles colaboraron de manera fundamental para el seguimiento de uno de los coches que dio la pista sobre los miembros del aparato logístico, que resultan detenidos el 29 de noviembre en la pequeña villa de Quézac. Se trata de tres presuntos etarras, entre los que se encuentran Zigor Garro Pérez, supuesto jefe del aparato de logística de ETA, y su pareja, Marina Bernadó Bonada, quien colaboró con la infraestructura del último comando Barcelona.

Para entonces, ETA había respondido a través su boletín interno, zutabe, cuyo contenido se avanza a primeros de noviembre en Gara, y vuelve a fijar una amenaza sobre el proceso. La banda asegura que la situación es crítica y apunta la posible ruptura si en otoño no se dan pasos visibles. Es un ultimátum con fecha de caducidad, el 21 de diciembre.

Es un otoño de presión por todas partes. El Gobierno presiona a ETA con detenciones. ETA presiona al Gobierno con comunicados. La izquierda independentista y la formación política que la representa, Batasuna, presionan con sus declaraciones. Y los violentos desencadenan una serie de actos de terrorismo callejero para presionar por su lado. Hay juicios cargados de tensión, sentencias judiciales que condenan a decenas de años de cárcel a etarras que asesinaron, peticiones de la fiscalía, y una nueva huelga de hambre de Iñaki de Juana Chaos. Y la asociación mayoritaria dentro de las víctimas del terrorismo presionando al Gobierno en la calle con ayuda del PP.

El proceso de diálogo para el fin del terrorismo, que abrió el presidente del Gobierno el 29 de junio, se encuentra, cinco meses después, al borde del precipicio.

En ETA y en Batasuna se desata un debate respecto a la presentación de listas a las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2007. Para volver a las instituciones, hace falta decidir que se sigue el camino de la legalización. En cierto momento parece que hay decisión adoptada o avanzada sobre esa posibilidad e incluso hay algún proyecto redactado sobre la vía jurídica a seguir que es sometido a una serie de consultas.

En el debate, ganan los pesimistas, los desconfiados, los que piensan que, en el último momento y con todo el papeleo tramitado, la sala Especial del Tribunal Supremo acabará tumbando las candidaturas de Batasuna. Además, hay una alternativa remota en la que algunos tienen depositadas ciertas expectativas. Batasuna ha recurrido al Tribunal de Estrasburgo contra la Ley de Partidos que la ilegalizó. Los expertos aventuran que ese tribunal podría resolver la admisión a trámite del recurso en enero o febrero. Las listas electorales deben estar presentadas entre marzo y abril. Aunque la admisión a trámite no prejuzga la sentencia y, además, éstas no se aplican a rajatabla en los países, la noticia sí puede ser una baza político-propagandística para apostar con ella.

En este contexto de bloqueo y presiones de todas partes, el Gobierno decidió a primeros de diciembre mover pieza y accede a celebrar la reunión aplazada de noviembre el viernes y sábado de la pasada semana. Es una reunión oficial, no exploratoria. Pasará a la historia de este proceso como la primera reunión formal donde se debaten los temas de fondo.

La reunión se celebra sin que se hayan cumplido las condiciones que estableció el Congreso para el diálogo. En Euskadi, los episodios de terrorismo callejero son cada día más graves. Por eso, la primera parte del encuentro versa sobre los incumplimientos. La representación gubernamental relata la crónica negra de la kale borroka, el zulo con explosivos encontrado en Francia, el atraco de la armería con el robo de 350 pistolas...

ETA responde que la persecución policial y judicial contra la izquierda abertzale continúa; la ausencia de gestos del Gobierno, la huelga de hambre de Iñaki de Juana Chaos y el peligro de que muera, los últimos juicios y condenas... De los incumplimientos pasan a los contenidos del diálogo. ETA plantea que no se puede dialogar sin debatir los problemas de territorialidad, el futuro de Navarra en relación con el País Vasco, el derecho a decidir, o la derogación de la Ley de Partidos. Los representantes del Gobierno contestan uno por uno los puntos: no, no, no, y no. La reunión es, según las fuentes consultadas, a cara de perro. Hay diálogo, pero no hay avances. El único, que el alto el fuego permanente continúa. De momento.

El mensaje del Gobierno es claro: con la permanencia de la violencia en las calles de Euskadi, el proceso no progresará. Una semana después del encuentro, se conoce a través de los medios de comunicación. Los violentos responden con una acción coordinada donde 30 encapuchados incendian un autobús a plena luz del día y ante una multitud que paseaba por el centro de San Sebastián. ¿Es una respuesta a la filtración de datos sobre la reunión o una exhibición bruta de firmeza antes de comenzar a actuar más pacíficamente? Se verá pronto.

Después de la reunión de diciembre, la primera importante desde que arrancó el proceso y desde la declaración de alto el fuego, se abre el camino a otros encuentros en las próximas semanas. Esos contactos y la posibilidad de iniciativas del Gobierno dependerán de que se terminen los actos violentos. Si estos acaban, el Ejecutivo de Zapatero tiene previstas una serie de iniciativas antes de la próxima reunión.

Antes de eso, el Gobierno intenta convencer, de momento sin éxito, al PP sobre la fórmula para alcanzar el fin de ETA. Rajoy, empeñado en no dejar ningún resquicio para que Batasuna pueda recuperar vida en las instituciones, pide a Zapatero compromisos en esta materia. Zapatero hace oídos sordos a esa reclamación y busca convencer a Batasuna para que siga el camino de las instituciones cumpliendo con la ley.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de diciembre de 2006