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Zapatero exige a sus ministros medidas de "impacto" para recuperar la iniciativa política

El presidente pretende dar un impulso al Gobierno y salir del debate sobre ETA y los estatutos

La reforma territorial emprendida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -en particular la estruendosa tramitación del Estatuto catalán- y la durísima confrontación que libran el Ejecutivo y el primer partido de la oposición a propósito del proceso de paz han mermado considerablemente las expectativas electorales de los socialistas. La última encuesta del CIS al PSOE sólo le da 1,4 puntos de ventaja sobre el PP, la menor diferencia desde que Zapatero ganó las elecciones a Mariano Rajoy en 2004. El Ejecutivo está inquieto porque su "gran esfuerzo reformista" no se ve reflejado en los sondeos. Zapatero ha ordenado a sus ministros que a la vuelta de las vacaciones presenten medidas de impacto para recuperar la iniciativa política.

La Presidencia del Gobierno ha exigido a los ministerios planes de actuación para afrontar el final de la legislatura, con el horizonte de las elecciones municipales de mayo de 2007 y las generales de 2008. El Gabinete de la Presidencia coordinará, por encargo del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, las iniciativas que envíen los departamentos, con el criterio de que tengan "impacto real en la vida de los ciudadanos".

Estas medidas, una vez cribadas en el Gabinete de la Presidencia, se debatirán en un Consejo de Ministros a principios de año, para que se traduzcan en acciones del Ejecutivo. El Consejo podría ser el del día 12, pero es más probable que se aplace al del 19, debido a que el día 11 se celebra en el Senado la Conferencia de Presidentes Autonómicos para abordar tres asuntos cruciales: la inmigración, el agua y la investigación.

Inquietud en Moncloa porque su "gran esfuerzo reformista" no cala en los sondeos

El 64% de los españoles desconoce la Ley de Dependencia, clave de la política de Zapatero

El Gabinete de la Presidencia ha enviado a los ministerios un cuestionario en el que les pide un balance de sus realizaciones, una comparación con las previsiones que se plantearon al inicio de la legislatura, los objetivos por cumplir, según el programa y el discurso de investidura del presidente, y su traducción en iniciativas concretas con el criterio de que tengan "impacto real" en la vida ciudadana y una visualización territorial, con la mirada puesta en las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

El objetivo de la Presidencia del Gobierno es traducir esas iniciativas en decretos, acuerdos, desarrollos legislativos e iniciativas políticas, realizables en los meses que restan hasta el final de la legislatura y que tengan plasmación directa en la calle.

A estas alturas de la legislatura, el Gobierno ya ha aprobado grandes proyectos legislativos, como la Ley de Dependencia o la reforma del IRPF, pero no dispone de tiempo para sacar adelante nuevas reformas. Esta situación empieza a manifestarse en las sesiones del Consejo de Ministros, posteriores al verano, que adolecen de cierta rebaja de la iniciativa política, según fuentes gubernamentales.

Las iniciativas se materializarán, sobre todo, en temas sociales. Un ejemplo de ello sería la reforma que permite la pensión de viudedad para las parejas de hecho, como aprobó el Consejo de Ministros del viernes pasado. El plan también pretende territorializar las acciones del Ejecutivo en materias de Fomento y Medio Ambiente. La Moncloa estima que la ciudadanía desconoce el esfuerzo realizado por Fomento con el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras), con una inversión anual entre 15.000 y 16.000 millones de euros y con un amplio impulso del ferrocarril en las comunidades autónomas. El Gabinete de la Presidencia cree importante una mayor presencia pública de los ministros y que se les vea en las comunidades autónomas. Algunas fuentes gubernamentales consideran que la imagen del Ejecutivo está muy reducida al presidente, a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La Presidencia del Gobierno ha tomado esta iniciativa ante la recta final de la legislatura y en un contexto político preciso. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dio 1,4 puntos al PSOE de ventaja sobre el PP, la menor diferencia desde que Zapatero ganó las elecciones a Mariano Rajoy, en 2004.

Aunque el presidente del CIS, Fernando Vallespín, considera que la diferencia real entre el PSOE y PP es, al menos, tres o cuatro puntos superior al resultado de la encuesta -que no fue elaborada técnicamente-, el Ejecutivo está inquieto porque el "gran esfuerzo reformista" en ampliación de derechos ciudadanos -como la agilización del divorcio, la ley del matrimonio homosexual, la mejora de la condición femenina y otras muchas reformas sociales muy desconocidas-, así como la mejora de la economía de esta legislatura, no se traduce con más rotundidad en los sondeos.

Por ejemplo, la Ley de Dependencia, piedra angular de la política social del Ejecutivo de Zapatero, que va a ampliar derechos sustanciales para las personas ancianas e incapacitadas y que afecta a un colectivo superior al millón de ciudadanos, no es conocida por el 64% de la población, según el CIS.

El Gobierno asume que el debate territorial, centrado en la polémica reforma del Estatuto de Cataluña, en la primera parte de la legislatura, y, ahora, el proceso para el final dialogado del terrorismo de ETA, han contribuido a ocultar los resultados de la política reformista del Ejecutivo. El Gobierno teme también que la creación de un clima de crispación como consecuencia de la estrategia del PP de confrontación con La Moncloa alimenta el descontento de los ciudadanos.

De hecho, estos debates y los enfrentamientos con la Iglesia católica han tenido un impacto negativo para los socialistas en la franja del electorado de mayor edad, asustado por su dureza. El Gobierno se esforzará, estos meses, para que las políticas de "impacto ciudadano" se impongan sobre la llamada alta política, según fuentes de La Moncloa.

El coste del proceso y el debate territorial

Para el Gobierno, no ha sido lo mismo el impacto en el electorado de la cuestión territorial que del proceso de paz. Este último, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), mantiene un amplio apoyo social en España, que quiere un fin dialogado de la violencia, aunque también ha crecido estos meses el escepticismo sobre su resultado. En este sector social incide el ataque del PP al proceso.

En este sentido, el presidente del CIS, Fernando Vallespín, cree que, en la hipótesis de que el proceso de paz fracase, no tendrá especial impacto electoral porque el alto grado de escépticos implica que se da por descontado el resultado. No obstante, Vallespín es de los que opina que "Zapatero asume algunos riesgos, por su estilo heterodoxo, al dirigir personalmente el proceso de paz, lo que ha colocado el punto de mira del PP". "Podría haberlo evitado, delegando en un ministro", añade.

El mismo problema, pero con un efecto aún más arriesgado en el electorado lo ha tenido con el protagonismo que ha asumido en el debate de la reforma del Estatuto de Cataluña. Así como el proceso de paz unifica las filas de la izquierda, el debate territorial ha abierto una fisura generacional entre socialistas jóvenes y veteranos. No obstante, en el Gabinete de la Presidencia creen que este problema, que hace un año era muy vivo, se ha diluido casi totalmente, tras la aprobación del Estatuto de Cataluña y la participación del PP en el consenso de las reformas de otros estatutos. En todo caso, el Gobierno, en el próximo año electoral, evitará el polémico debate territorial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de diciembre de 2006

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