Paraguas contra abusos
Algunos grandes mercados de servicios han utilizado a los consumidores como campo abonado para el abuso -pequeño o grande-, la desatención y la chapuza. Es muy habitual padecer cabinas telefónicas que no devuelven el dinero, comisiones enfadosas por servicios no prestados o reparaciones sin garantía. La Ley de Mejora de Protección de los Consumidores que el jueves aprobó el Congreso pretende evitar algunos de esos fraudes consentidos por la inercia de las relaciones comerciales entre empresas avispadas y clientes despistados o confiados.
No es poca cosa que la factura del teléfono se pague en función de los segundos realmente hablados, que los aparcamientos tengan que cobrar por minutos y no por horas o medias horas, que el comprador de una vivienda no sea castigado si no acepta la hipoteca del promotor, que se conozca con exactitud el precio de los billetes de avión que se contratan o que desaparezcan las descomunales trabas, bien en dinero, bien en tiempo y paciencia, para darse de baja de una compañía o servicio.
Las empresas aéreas, telefónicas, inmobiliarias o de aparcamientos deben saber que, hasta el momento, la gestión descuidada de los aspectos mencionados provocan una gran irritación. Forma parte de la gestión de una compañía mantener una relación satisfactoria con sus clientes; y no importa que sean anónimos. Así que lo que las empresas reprendidas indirectamente pierdan en ingresos, lo ganarán en disposición de los ciudadanos a colaborar.
La norma es parte de la preocupación del Gobierno por los problemas que afectan a los consumidores, no siempre bien orientada, pero sí bien intencionada. Ahora bien, para que la corrección de estos abusos se produzca de forma efectiva es necesario que los usuarios sepan a quién deben denunciar los incumplimientos de la norma que se producirán; y es obligado que la Administración genere los mecanismos de vigilancia y sanción necesarios para cortar de raíz los abusos.
