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Un policía condenado por lesiones a un menor estuvo patrullando un año

El Ayuntamiento de Villaviciosa lo cedió a Madrid sin avisar de la sanción

Óscar García Hernández, policía municipal condenado a un año de cárcel y dos de inhabilitación por patear y encañonar con su pistola a un menor cuando ejercía en Villaviciosa de Odón, ha estado casi un año patrullando en Madrid sin que nadie se diera cuenta. No fue hasta el pasado octubre cuando el Ayuntamiento de la capital apartó fulminantemente del servicio a García tras conocer una sentencia dictada un año atrás que lo ordenaba. Ahora, el Gobierno madrileño, del PP, acusa al de Villaviciosa, también del PP, de "deslealtad y mala fe" por cederle un policía y no avisar de que estaba incurso en proceso judicial.

El asunto lo llevó ayer al pleno municipal el concejal de IU Julio Misiego, que exigió la revocación "inmediata" de la permuta por la cual el Ayuntamiento de Madrid asumió al policía Óscar García, de 32 años, en diciembre de 2005. Esa permuta consistió en que Madrid incorporaba a García a su cuerpo de policías y, a cambio, cedía a Villaviciosa a un agente madrileño. El trueque, una fórmula habitual entre ayuntamientos, se produjo a petición de ambos agentes, que presentaron la solicitud a mediados de 2005. Los dos gobiernos municipales se intercambiaron informes sobre la aptitud de los policías y sellaron el acuerdo.

El problema es que el agente de Villaviciosa -junto a otro compañero- acababa de ser condenado por la Audiencia Provincial, el 24 de noviembre de 2005, a un año de prisión y dos de inhabilitación, por un delito de atentado contra la integridad moral y una falta de lesiones cometidos contra un menor. Aun así, en los informes remitidos por el Ayuntamiento de Villaviciosa al de Madrid no se citaba el procedimiento judicial.

El propio Ayuntamiento villaodonense era parte en el juicio -la Audiencia lo consideró responsable civil subsidiario-. Aun así, cuando la sentencia se hizo pública tampoco avisó de su contenido al Gobierno madrileño, según aseguró ayer el concejal de Seguridad de Madrid, Pedro Calvo. El villaodonense, requerido por este periódico, no quiso aclarar ni ese extremo ni ningún otro.

"Mala fe"

En el pleno celebrado ayer, Pedro Calvo habló primero de "posible error" del Ayuntamiento de Villaviciosa, aunque dio toda la razón a IU y anunció el inicio del procedimiento para revocar la permuta. Después, tras bucear en el expediente ya fuera del salón de plenos, llegó a la conclusión de que el Gobierno villaodonense "ha actuado con deslealtad y mala fe, ocultando información", y anunció la presentación de una "queja institucional" ante Villaviciosa y una denuncia judicial contra el policía Óscar García.

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Madrid tuvo por fin conocimiento de la sentencia porque, en julio de 2006, la Audiencia se dirigió al Ayuntamiento de Villaviciosa para preguntarle si la había ejecutado. El Gobierno de ese municipio, dirigido por Nieves García (PP), respondió, en septiembre, que a uno de los dos policías condenados lo había inhabilitado, pero que el otro ya no trabajaba allí sino en la capital. El 4 de octubre el tribunal se dirigió al Ayuntamiento de Madrid, y éste, el 27 de ese mes, dictó la orden de inhabilitación de Óscar García.

Los hechos por los que fue condenado García ocurrieron el 12 de enero de 2003: avisados de un amago de pelea en un pub de Villaviciosa, los agentes Óscar García y Javier Lozano salieron en su coche patrulla a buscar a los supuestos autores de la riña. De camino se toparon con Antonio Merino, de 17 años, y Natalia de la Plaza, de 16, que no habían tenido nada que ver con el episodio del pub. Les hicieron tirarse al suelo, les apuntaron con sus pistolas y los patearon, antes de llevárselos esposados a comisaría. El fiscal acusó a ambos agentes de tortura, aunque finalmente fueron condenados por lesiones y atentado contra la integridad moral.

El Ayuntamiento de Villaviciosa aseguró ayer en un comunicado que la Audiencia ordena en un auto reciente la reincorporación de los policías a sus puestos mientras se resuelve el indulto que han pedido, informa Esther Sánchez. El Ayuntamiento de Madrid no tiene constancia de ese auto.

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