El Tribunal de Cuentas abre diligencias previas al Ayuntamiento de El Puerto y tres empresas municipales

La Sección Segunda del Departamento de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, a instancias del abogado del Estado, ha abierto diligencias previas contra el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) y tres de sus empresas municipales, por las irregularidades de gestión y contables detectadas en el informe de fiscalización del periodo 1995-2000.

En una providencia emitida el cuatro de diciembre, la sala segunda informa de la apertura del trámite y da un plazo de cinco días para que el Ayuntamiento nombre a un representante en el procedimiento y pide al Ministerio Fiscal que analice la documentación para el nombramiento de un delegado Instructor o, en su caso, decida el archivo.

Con el informe auditor de los años 1995-2000 realizado por el propio Tribunal de Cuentas, el abogado del Estado señala ahora hasta diecisiete irregularidades, de las cuales catorce corresponden a la gestión de la empresa municipal de desarrollo económico Impulsa El Puerto.

El Ayuntamiento estuvo gobernado por Independientes Portuenses (IP) y presidido por Hernán Díaz Cortés, condenado en junio a siete años de inhabilitación para cargo público, por prevaricar en el nombramiento ilegal del un cargo de la policía local.

El informe reconoce que Impulsa realizó gastos sin justificar por valor de 1,16 millones de euros. Señala la venta directa de tres parcelas públicas en la urbanización de Valdelagra "por un valor inferior al catastral, estimándose un perjuicio de 679.380 euros" y, por el contrario, la compra de dos fincas "a un precio superior al de subasta".

Por otra parte, el informe del tribunal de Cuentas informa que Impulsa abonó "en concepto de subvenciones más de 11.178 euros, sin que exista relación con su objeto social ni se le diera la oportuna publicidad" y entregó al Ayuntamiento "un pago no justificado por valor de 755.849 euros".

Además, imputa a Impulsa el gasto de dinero público para el desarrollo de obras de urbanización y proyectos de compensación "cuyo pago correspondía a los compradores" de las parcelas enajenadas por la empresa. En resumen, según el Abogado del Estado, como resultado "de las debilidades" en los procedimientos de contratación de Impulsa se han producido un perjuicio de 2, 3 millones de euros en el periodo analizado.

En relación a la empresa municipal de Suelo y Vivienda (Suvipuerto), el informe concluye que vendió inmuebles por debajo del precio autorizado, provocando un perjuicio económico para la empresa municipal de 475.000 euros. En cuanto al Ayuntamiento portuense, la auditoria señala gastos no justificados por un valor global de 175.000 euros en "determinados contratos".

Por último, el Abogado del Estado, destaca el "perjuicio económico" provocado por la empresa Serecop, que perdió ingresos por la prescripción de los derechos sobre expedientes pendientes, aunque no detalla en qué cuantía.