Ley de la Memoria Histórica

A propósito del debate parlamentario sobre la llamada "Ley de la Memoria Histórica", conviene recordar que la reconciliación no es el perdón ni el olvido, sino la renuncia a la venganza y la confianza en la justicia. Y puesto que durante la Guerra Civil y la dictadura franquista hubo crímenes atroces que están en la impunidad, la justicia exige el esclarecimiento de los hechos, el castigo de los responsables y la reparación de las víctimas. Esta exigencia de justicia constituye una obligación no sólo constitucional sino también internacional del Estado español, que prevalece sobre la llamada "seguridad jurídica", pues las sentencias judiciales son respetables tan sólo si son respetuosas de las libertades fundamentales y las garantías procesales de los ciudadanos en general y de las víctimas en particular.

Por ello, quizá la fórmula más razonable no sería decretar la nulidad de todas las sentencias condenatorias dictadas en la Guerra Civil y bajo la dictadura franquista, sino más bien establecer por ley un recurso judicial efectivo para que las víctimas o sus descendientes soliciten en forma individual la revisión y eventual anulación de tales decisiones, con todas las consecuencias jurídicas y políticas que son de recibo en un Estado de derecho de carácter democrático.