Llegan los coches de color 'verde fiscal'

Las reacciones a las recientes declaraciones del secretario de Estado de Economía y del propio ministro sobre la incorporación de nuevos criterios en la fiscalidad del automóvil no se han hecho esperar. Fabricantes, importadores y concesionarios han saltado a la palestra para tratar de evitar un aumento de la presión o salir perjudicados con los cambios en un marco recaudatorio que este año alcanza los 22.180 millones de euros.

Una tarta impositiva de más de 22.000 millones en torno al automóvil se reparten las Administraciones central y autonómicas y municipales

El equipo de Solbes ha decidido promover un nuevo impuesto verde a los coches que entraría en vigor a partir de 2008

El próximo día 31 acaba el periodo de vigencia del Plan Prever actual con el que se trata de incentivar la renovación del parque automovilístico con ayudas fiscales en la compra de un vehículo nuevo si se da de baja otro con más de 10 años de vida. La incidencia es importante ya que durante los nueve años de vigencia (antes Renove) se han acogido cerca de cuatro millones de automóviles.

Mientras que en la Administración (Solbes) se muestran extrañados de que en un momento de euforia del mercado, como el actual, con niveles máximos de ventas, se mantengan ayudas como las del Prever, las patronales del sector denuncian por un lado que la razón de ser del mismo no es la defensa de las ventas, sino la renovación de uno de los parques más viejos de la Unión Europea (el 35% del mismo tiene más de 10 años).

El ex ministro de Industria José Montilla y su secretario Joan Trullén habían negociado con algunas asociaciones una renovación del Prever de la que se mostraron todos satisfechos. Pero no contaron con las circunstancias políticas ni con lo más importante, que la última palabra la tiene el Ministerio de Hacienda.

El equipo de Solbes ha decidido cambiar la situación con un nuevo impuesto verde que entraría en vigor a partir de 2008. Hasta entonces se podría introducir una modificación para 2007 por la que aumente el peso fiscal en los "más contaminantes". Algo que en el sector se ha traducido inmediatamente en todoterrenos y grandes cilindradas.

Se abre por tanto un debate que en ningún caso debe contemplar, según las principales asociaciones, un aumento de la presión fiscal sobre un sector "excesivamente castigado". La Unión Europea, con una asignatura pendiente que probablemente nunca aprobará, como es la armonización fiscal, apunta a una reducción paulatina del impuesto de matriculación, algo importante para un país como España con una fiscalidad alta a la hora de la compra del automóvil, pero baja comparada con la media europea, durante el uso del mismo. Y con una dificultad añadida como es la del reparto de los distintos impuestos.

De los tres capítulos más importantes, los ayuntamientos se encargan de recaudar el de circulación, las Comunidades Autonómicas ingresan el de matriculación y la Administración Central se reserva la parte del león con los combustibles. Una tarta de más de 22.000 millones de pesetas que nadie está dispuesto a ceder.

La situación ha servido también para poner de manifiesto, una vez más, las importantes diferencias que se registran a la hora de defender sus intereses cada una de las asociaciones implicadas. Pues aunque unen sus esfuerzos frente a la Administración ante una posible vuelta de tuerca fiscal, sus planteamientos son claramente distintos a la hora de concretar y proponer soluciones. Todos coinciden en aclarar que no son los coches nuevos los que más contaminan, por mucha potencia que tengan, (hay pocos sectores en los que se haya hecho un esfuerzo en ese sentido tan importante como en el automóvil), pero difieren en las medidas a aplicar según sus intereses, lo que en resumidas cuentas se traduce en que en España se fabrican coches de pequeña cilindrada y se importan los de mayor potencia.

Así, para Juan Antonio Fernández de Sevilla el impuesto verde debe ser lineal y al menos de momento estar referenciado al número de gramos de CO2 que se emitan. Y afirma que de ninguna manera aceptarían una fiscalidad que favorezca o perjudique a unos determinados tipos de tecnologías frente a otras.