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Reportaje:

Putin reta a Europa con el gas

El control del Gobierno ruso sobre los proyectos energéticos del país simboliza el deseo de volver a ser una gran potencia

Un proverbio ruso dice que el apetito llega o crece durante la comida, lo que se ha visto corroborado con el proyecto gasista y petrolero Sajalín-2. El Gobierno intenta, mediante el monopolio estatal Gazprom, controlar los proyectos energéticos que se desarrollan en el país y de esa forma recuperar su antigua hegemonía. Si hasta hace poco Rusia presionaba a Royal Dutch/Shell para que Gazprom obtuviera una cuarta parte de Sajalín Energy, ahora el gigante de gas desea controlar el 50%. Para ablandar a Shell, que lidera el proyecto, los rusos no han vacilado en presentarle una millonaria cuenta por daños a la naturaleza. Esas acciones del Kremlin se enmarcan en la estrategia de controlar los recursos energéticos rusos.

El proyecto de Sajalín-2 comprende la explotación de los yacimientos de Piltun-Astoj y Lunsk, en la plataforma continental de la isla de Sajalín, con reservas de 150 millones de toneladas de petróleo y 500.000 millones de metros cúbicos de gas. Contempla, además, una planta de licuefacción de gas con una producción anual de 9,6 millones de toneladas, un terminal petrolero y un gasoducto que cruce la isla de norte a sur.

Para este proyecto se formó el consorcio Sajalín Energy, del que Shell tiene el 55%; Mitsui, el 25%, y Mitsubishi, el 20%. El presupuesto era de 12.000 millones de dólares (9.174 millones de euros), pero el año pasado Shell pidió aumentarlo a 22.000 millones. Esto provocó la ruptura de las negociaciones de Shell y Gazprom, que habían firmado un protocolo por el cual el monopolio ruso obtenía el 25% de las acciones y a cambio el grupo anglo-holandés lograba el 50% del yacimiento de Zapolyarnoye Neocomian.

Las pretensiones de aumentar el presupuesto cayeron muy mal en el Gobierno, pues aceptarlas significaba que las ganancias que Rusia esperaba obtener con este proyecto se postergaban. Y es que, según la Ley de Producción Compartida, el Estado comienza a recibir impuestos de las compañías inversoras sólo después de que éstas recuperen el coste del proyecto que desarrollan. En el caso de Sajalín-2, antes de la recuperación de costes Rusia recibirá unos 30.000 millones de dólares anuales; después, las ganancias estatales se dispararán en unos 2.000 millones.

El Kremlin, por boca del ministro de Industria, Víktor Jristenko, volvió a advertir esta semana de que el Estado no puede aceptarlo. Jristenko recordó que Rusia aceptó el proyecto en 1994, cuando "era débil", de lo que se aprovecharon los inversores extranjeros, y que ahora no le parece justo.

Paralelamente, las presiones de la agencia rusa protectora de la naturaleza han ido en aumento, lideradas por Oleg Mitvol, vicejefe del organismo. Mitvol asegura que los daños causados por Sajalín-2 al entorno de la isla se evalúan en 10.000 millones de dólares, pero que ante los tribunales podría exigir una compensación del triple.

Todo esto ha hecho ceder a Shell, que ya está dispuesta a aceptar que Gazprom se haga con el 50% de Sajalín-2. El grupo anglo-holandés se quedaría con el 25% más una acción, mientras que las firmas japonesas cederían el 10% de sus acciones cada una. Es decir, Mitsui acabaría con un 15%, y Mitsubishi, con un 10%.

Fuentes cercanas a Shell lamentan la situación pero no ven demasiadas opciones, ya que los rusos han esperado a que estén empantanados con su dinero invertido en el proyecto para apretarles las tuercas. Ya es demasiado tarde para retirarse y, por supuesto, el gas sigue siendo necesario.

Yulia Látinina, columnista de Nóvya Gazeta, comenta el clima inversor en Rusia con estas duras palabras: "¿Qué pensaría usted de un ladrón que, presionando el cañón de una pistola en su nuca, le registra sus bolsillos al tiempo que le dice que tiene un excelente plan para un negocio conjunto pero que para que usted pueda tener el honor de invertir debe darle la mitad de su casa?".

Mientras tanto, Dmitri Medvédev, viceprimer ministro que encabeza el consejo de Gazprom y que en 2008 puede reemplazar al presidente Vladímir Putin en el Kremlin, afirma que pronto habrá acuerdo con Shell. Y aunque nada dice del precio que el monopolio del gas piensa pagar por el 50% de Sajalín-2, la prensa escribe que Gazprom no desembolsará ni un solo rublo. Según la agencia oficial Tass, lo más probable es que Gazprom pague la parte que le corresponde después de que el proyecto comience a producir, con las ganancias que obtendrá de la venta del gas licuado que debe comenzar a enviar a Japón en 2008. Todavía queda por ponerse de acuerdo en el valor del paquete que obtendrá Gazprom. Los analistas estiman que el monopolio ruso pedirá un descuento debido a los problemas medioambientales.

Las armas del Kremlin

Gazprom, una de las 10 primeras compañías del mundo por valor bursátil, simboliza las ambiciones de Rusia de volver a ser una gran potencia. Ahora que ha perdido liderazgo militar, el Kremlin quiere recuperar la grandeza utilizando sus recursos energéticos: gas y petróleo. Si hace unos años se hablaba de la necesidad de reformar Gazprom, dividiéndola en varias empresas, hoy se rechaza categóricamente esa posibilidad, afirmando que equivaldría a destruirla.

En lugar de disminuir las proporciones de la compañía, las han aumentado, y ahora Gazprom se ha convertido también en una de las principales petroleras rusas. Anteayer se anunciaba un acuerdo con Lukoil, la número uno del país, para crear una empresa mixta que comprará activos energéticos en Rusia y el extranjero.

Si el Kremlin ha utilizado a Gazprom para presionar a los países vecinos, en Rusia usa a Oleg Mitvol, vicejefe de la agencia de protección de la naturaleza, para convencer a los inversores extranjeros de que cedan ante Gazprom. Para que las amenazas se tomen en serio, Rusia ha contratado a Mark Stephens, el abogado que representó a Greenpeace en su batalla con Shell a mediados de los noventa, para un posible proceso contra Shell por multimillonarios daños a la naturaleza de Sajalín. Mitvol también tiene en el punto de mira el proyecto Sajalín-1, operado por ExxonMobil, y a Total, que tiene un proyecto en el yacimiento ártico de Jariaga. Está claro que el Kremlin no admite ningún proyecto exitoso en el que no participe el Estado.

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