La mala memoria
EL GOBIERNO LAMENTA que la agenda política, monopolizada durante el último año por el Estatuto de Cataluña y por los contactos con ETA para alcanzar un final dialogado de la violencia, no presta casi atención a los logros económicos y sociales de su gestión (desde la tasa de crecimiento y el aumento de puestos de trabajo hasta la promulgación de la Ley de Dependencia como cuarto pilar del Estado de bienestar). Pero la causa de ese efecto perverso para los socialistas no son los medios de comunicación, sino el calendario elegido por el Gobierno para presentar sus iniciativas políticas y normativas. Sirva de ejemplo el proyecto de ley tomado en consideración esta semana por el Congreso, una vez superadas las enmiendas del PP, IU y ERC, que calentará peligrosamente el clima de la opinión pública y prolongará la guerra de las esquelas de este verano.
El proyecto de ley para ampliar derechos y establecer medidas en favor de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo encuentra el doble rechazo del PP, por un lado, y de ERC e IU, por otro
Tal vez la primera batalla perdida por el Gobierno durante ese combate parlamentario en dos frentes con la derecha y la izquierda haya sido la victoriosa resistencia de sus contrincantes a dar como buena la kilométrica denominación de la propuesta: "Ley por la que se reconocen y amplían derechos, y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura". Pese a que el articulado del texto mencione exclusivamente la recuperación y reparación de la memoria personal y familiar, y aunque la exposición de motivos niegue capacidad a las normas para "implantar una determinada memoria histórica" y al legislador para construir una "supuesta memoria colectiva", el proyecto socialista es universalmente conocido como Ley de la Memoria Histórica, un concepto tan evanescente como equívoco.
El combate del Gobierno con el principal partido de la oposición, por un lado, y con dos grupos que le apoyan regularmente en el Parlamento, por otro, durante el pleno para la admisión a trámite del polémico proyecto tuvo como palenque virtual la Guerra Civil y el franquismo, dos pesadillas históricas que continúan suscitando en la sociedad española juicios, pasiones y enseñanzas encontradas. El PP afirma que la iniciativa socialista divide a los españoles, rompe el pacto de la transición y es "hipócrita y falsaria". No obstante, la exposición de motivos de la ley declara su voluntad de "contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles", prolongando así "el espíritu del reencuentro y concordia de la transición". Las expresiones "bando" y "zona" empleadas por el texto del proyecto para referirse a los dos ejércitos combatientes durante la Guerra Civil y la inclusión entre sus beneficiarios de las víctimas que padecieron la violencia injusta también en territorio republicano acreditan ese propósito reconciliador. Pero la pinza formada desde la derecha y desde la izquierda para rechazar la propuesta demuestra que la iniciativa, lejos de cauterizar los viejos odios de la convivencia española, ha provocado su exarcebamiento.
Ni que decir tiene que las razones de IU y ERC para rechazar el proyecto son simétricamente opuestas a los argumentos utilizados por los populares. Abstracción hecha de los matices diferenciales de sus propuestas alternativas, ambos grupos descalifican el texto gubernamental por insuficiente y decepcionante. Las críticas afectan a todo el articulado, desde la regulación de la búsqueda y exhumación de los desaparecidos hasta la supresión de los símbolos del franquismo en edificios y lugares públicos, pasando por el futuro del Valle de los Caídos. Sobre todo, IU y ERC exigen la nulidad de las sentencias dictadas por los consejos de guerra y por los tribunales especiales del franquismo. La jurisprudencia del Constitucional, sin embargo, priva de sentido a esa pretensión; un auto del alto tribunal, que rechazó un amparo relacionado con la "dramática condena a muerte" de José Humberto Baena ejecutada en septiembre de 1975, concluía que "la dura realidad de la Historia no puede soslayarse en lo jurídico con procesos de revisión indefinida"(ATC 187/2004).
