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El urbanismo salvaje

La principal inmobiliaria de Málaga pagó 4,6 millones a Roca por favores urbanísticos

Casi todos los empresarios imputados en el 'caso Malaya' negaron haber pagado sobornos

Jenaro Briales, director general de Aifos, la primera promotora inmobiliaria de la provincia de Málaga, admitió al juez que instruye el caso Malaya que su empresa pagó un total de 4,6 millones de euros al supuesto cerebro de la trama de corrupción urbanística en Marbella, Juan Antonio Roca, a cambio de distintos favores urbanísticos en la ciudad. Briales fue detenido el pasado 19 de julio y enviado a prisión por el magistrado Miguel Ángel Torres. Una semana después, el directivo de Aifos pidió declarar de nuevo "en el sentido de que efectivamente entregó dinero al señor Roca". El juez lo puso en libertad bajo fianza.

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"No me consta que se haya pagado ninguna cantidad ilícita al señor Roca al margen de los convenios", aseguró el número dos de Aifos en su declaración del 20 de julio antes de que el juez ordenara su ingreso en la prisión de Alhaurín de la Torre. Una semana después, y tras saberse que el director comercial de la promotora, Francisco García Lebrón, había confesado que la empresa había pagado a Roca al menos 2,3 millones de euros "para que se encargara de autorizar los trámites" de distintas actuaciones urbanísticas, lo que le valió salir en libertad, Briales recapacitó y solicitó declarar de nuevo.

El director general de Aifos, compañía que facturó 346 millones de euros en el último ejercicio, detalló al juez Torres aquellos actos urbanísticos en los que tuvieron que sobornar a Roca. El primer pago tuvo que ver con el hotel Guadalpín Banús. "El Ayuntamiento dijo que teníamos un exceso de edificabilidad y ante el temor de que nos paralizaran la obra nos vimos obligados a firmar dos convenios". En estos acuerdos, a cambio del aumento de edificabilidad, se acordó el pago de una cantidad económica. "Teníamos que pagar dos millones y medio que se hacían constar en el convenio y otros dos millones y medio que no constaban en el mismo y que se entregaban directamente a Roca", relató.

Empresas interpuestas

Para realizar estos pagos, declaró Briales, se hizo uso de una sociedad llamada Gertán, ya que el presidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado, "no quería mezclar" el nombre de la compañía en la operación. No contaban con que Roca llevaba una detallada contabilidad de los supuestos sobornos en sus ordenadores de la empresa Maras Asesores. De los 2,5 millones bajo cuerda que se habían pactado, Aifos pagó a Roca millón y medio en diferentes cantidades. "La decisión de pagar este dinero a Roca la tomamos Jesús Ruiz Casado, Kiko García y yo, y nadie más en la empresa", confesó Briales al juez Torres, quien le dejó en libertad bajo fianza de 200.000 euros.

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El segundo soborno al todopoderoso asesor urbanístico marbellí entre 1991 y marzo de 2006 tuvo que ver con la compra de unos aprovechamientos urbanísticos del ayuntamiento en la zona de Guadaiza, donde la empresa pretendía levantar una promoción de viviendas de lujo. "Llegamos al acuerdo de que Aifos pagaría 10 millones por los aprovechamientos, de los que más de seis se hacían constar en el convenio y el resto, unos cuatro millones y medio, se pagaban directamente a Roca", afirmó al juez. De esta cantidad, 3,1 millones han sido entregados ya a la caja única del cerebro de la trama.

Un tercer acuerdo relatado por Briales no supuso, según él, contrapartidas económicas en favor de Roca. A cambio de permitir otro exceso de edificabilidad en otro hotel, el Guadalpín Marbella, Aifos tuvo que pagar 2,3 millones de euros y realizar un parque de bomberos.

Otros empresarios de la construcción detenidos en el marco de la operación Malaya contra la corrupción municipal en Marbella no fueron tan elocuentes como el director general de Aifos. Así. el constructor cordobés Rafael Gómez, Sandokán, negó haber pagado cantidad alguna al ex asesor urbanístico. "No me explico por qué este señor puede tener en su contabilidad dos aportaciones de 300.000 euros en nombre de Sandokán y Rafael Gómez", aseguró.

La declaración de Cristóbal Peñarroya se desarrolló por los mismos cauces. Sin embargo, el juez sacó a relucir en el interrogatorio una carta en la que este constructor, a quien se acusa de pagar 35.500 euros, pedía a Roca: "Dime cuánto es lo que os tengo que pagar", y se quejaba de que "o entro por el aro o no voy a poder hacer nada en este Ayuntamiento". Peñarroya, que al igual que Gómez recibió el pasado 6 de diciembre la medalla al mérito del Ayuntamiento de Benalmádena, gobernado por el independiente Enrique Bolín, se defendió diciendo que con esas expresiones se refería "siempre a pagar al Ayuntamiento, no a Roca". No obstante, Peñarroya también percibió irregularidades: "Roca me hacía pagar tres veces una licencia de primera ocupación o pagar dos veces cada documento que me daba".

El empresario Emilio Rodríguez Bugallo, dueño de Construcciones Salamanca, también negó ante el juez haber pagado 1,04 millones de euros a la caja única de Maras Asesores, desde el ex asesor de urbanismo de Marbella realizaba posteriormente pagos a los concejales supuestamente corruptos.

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