Los ejemplos de Madrid y Barcelona

El establecimiento de la capitalidad de la comunidad autónoma en Vitoria se produjo el 22 de mayo de 1980, recién estrenada la autonomía. Se hizo a través de la denominada Ley de Sedes, con el PNV gobernando en solitario y con mayoría en la Cámara vasca por la inasistencia de los parlamentarios de Herri Batasuna.

El entonces diputado general de Álava, Emilio Guevara, tuvo un papel determinante en la decisión. Pero ésta no fue pacífica en el seno del PNV y contó también con la oposición de los responsables de la Diputación, la patronal, la Feria de Muestras y la Cámara de Comercio de Vizcaya, que deseaban a Bilbao como capital. Tampoco fue definitiva, puesto que la designación de Vitoria se hizo con carácter provisional, toda vez que ese partido mantuvo el criterio de trasladar la capitalidad política de Euskadi a Pamplona, si se producía la incorporación de Navarra a la comunidad autónoma.

Votaron a favor de Vitoria el PNV, UCD y el PSE, pero sólo tres años después el candidato socialista a la alcaldía de Bilbao, José Luis Ibáñez, abogó por trasladar a esa ciudad la capitalidad. En 1995, el ex alcalde bilbaíno, José María Gorordo, y candidato por Iniciativa Ciudadana Vasca tras su salida del PNV, volvió a reclamar que Vitoria dejara de ser capital en beneficio de Bilbao. Los socialistas matizaron después su posición y en 1999 su candidato Dimas Sañudo pedía una carta de capitalidad para Bilbao, pero matizando que ya no propugnaba el traslado de las sedes institucionales del Gobierno y el Parlamento vascos, así como de los otros órganos públicos dependientes de ellos.

El socialista Patxi Lazcoz dio por hecho ayer que hoy día "nadie cuestiona que Vitoria sea la capital de lo que existe ni de lo que algunos imaginan que podría existir". Lazcoz mencionó a Madrid y Barcelona como ejemplos de ciudades que disponen de sendas leyes de capitalidad.

La Carta Municipal de Barcelona entró en vigor el pasado 13 de marzo, mientras que la Ley de Capitalidad de Madrid lo hizo el 4 de julio. Ambas recogen las especificidades de estas dos ciudades y reconocen sus necesidades financieras particulares por el hecho de ser grandes urbes y, en el caso de Madrid, capital del Estado. Barcelona había gozado ya desde 1960 de un régimen especial y desde los años ochenta reclamó un estatuto especial.