El doble de Franco

Paradojas de las transiciones: la justicia española jugó un papel muy importante en las inculpaciones contra Pinochet y, sin embargo, los españoles fuimos incapaces de echar a Franco en vida y de juzgar sus crímenes.

Sin duda, la orden de detención internacional contra Pinochet emitida por Garzón el año 1998 es un hito en la historia del derecho y habrá contribuido a hacer más difícil la vida de los dictadores que, aunque en general son poco dados a viajar, todavía tendrán que ser más cuidadosos con sus desplazamientos. Pero sospecho que Pinochet ha jugado en el imaginario español una especie de papel de doble de Franco. Papel que él mismo reforzó con su presencia en las exequias del dictador. En la ira contra Pinochet se han proyectado buena parte de las iras contra Franco, y en el afán de conseguir que fuera condenado por sus crímenes tengo la sensación de que la opinión democrática buscaba, quizá inconscientemente, una satisfacción compensatoria por no haber podido condenar a Franco. De aquí la contradicción: hemos hecho por Chile lo que no fuimos capaces de hacer por nosotros mismos.

A los historiadores corresponderá decir si el ruido de sables, como se decía en la época, era una amenaza suficiente como para que los partidos demócratas hicieran tantas concesiones sobre el pasado. El hecho es que la creencia de que las relaciones de fuerza estaban del otro lado hizo que se aceptara una amnistía general que significaba poner al mismo nivel los delitos cometidos por los antifranquistas conforme a la legalidad franquista que los crímenes de un régimen autoritario que dos meses antes de la muerte del dictador todavía fusiló a cinco personas. Lo aceptamos y este lastre de partida no ha impedido que el balance global de la Transición se considere positivo.

Del concepto jurídico de amnistía se pasó al político de amnesia. La derecha tenía todo el interés del mundo en dejar pasar el tiempo para después empezar a blanquear el franquismo como hizo cuando regresó al poder en 1996. Y los partidos de tradición democrática, puesto que sabían que no había posibilidad de alcanzar condenas y reparaciones significativas, prefirieron olvidar también, aunque fuera para evitar problemas y frustraciones. Al fin y al cabo, la cultura de solidaridad de la resistencia estaba dejando paso a la lucha por el poder entre partidos, con lo cual el pasado también podía ser un estorbo.

Se murió Pinochet, y no podremos seguir dando caña a este monigote en el que veíamos un doble de Franco, su maestro, precisamente cuando estamos enfrascados en el debate de la memoria histórica. El Gobierno no ha acertado en el planteamiento. Ya el propio concepto es absurdo: la memoria no la establecen las instituciones. Ni siquiera los historiadores, cuya tarea es la explicación e interpretación del pasado sobre la base de las metodologías de las ciencias sociales. Lo cual sólo indirectamente puede tener que ver con la creación de imaginarios colectivos. La memoria forma parte de la conciencia de los ciudadanos y es una construcción que en las sociedades heterogéneas modernas nunca será cerrada. Pasó el tiempo de los grandes mitos nacionales, como, por ejemplo, el de la resistencia en Francia que el general De Gaulle convirtió en comunión obligatoria a pesar de la evidencia de que un gran número de ciudadanos -la mayoría- optó por la colaboración y por la adaptación. El Estado tiene poco que decir sobre el pasado. Pero sí hay dos tareas que le corresponden por elemental pedagogía democrática: el reconocimiento a los que dejaron su vida por negarse a aceptar el régimen dictatorial y la defensa de la superioridad política y ética de un régimen democrático respecto de una dictadura.

La derecha quiere hacernos creer que entre el franquismo y la democracia sólo hay diferencias de matices. Y utiliza las crueldades de la guerra, abundantes en ambos bandos, como argumento para igualar la preguerra, la guerra y la posguerra. Ésta es una falsificación de la realidad que sólo debilita la democracia. Rajoy dice repetidamente que no sería admisible que ETA pudiera conseguir ventajas políticas con el chantaje de la violencia. Y tiene razón. Pero Rajoy no ignora que el régimen franquista consiguió permanentemente ventajas políticas mediante el uso de la violencia, empezando por el modo en que tomó el poder. ¿Por qué no quiere que se sepa?