Redada en Ceuta

La policía detuvo ayer de madrugada en Ceuta, y por orden del juez Baltasar Garzón, a 10 españoles y un marroquí, presuntos militantes de una célula salafista ligada al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), responsable de las masacres de Casablanca y Madrid, en 2003 y 2004 (234 muertos), y con conexiones en el Reino Unido. La operación fue bastante espectacular y, según el relato de familiares, tuvo por momentos actitudes desproporcionadas de los agentes, habida cuenta de que no se encontraron ni armas ni explosivos en los domicilios allanados. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se encontraba en Argel con el jefe del Gobierno, explicó que los detenidos, algunos con antecedentes penales por tráfico de drogas y robo, formaban parte de una célula embrionaria, pero estaban planteándose pasar a la acción, aunque no tenían por ahora capacidad para hacerlo.

Por grande o pequeño que sea el alcance de la redada y por prematura o conveniente que haya podido ser, esta última operación viene a confirmar que España es uno de los blancos del fanatismo de los seguidores de Osama Bin Laden y que las amenazas deben tomarse muy en serio. El pasado enero la policía desmanteló lo que tenía todos los visos de ser una base logística de captación y reclutamiento de Al Qaeda en España, principalmente para el brazo operativo que la red tiene en Irak. Los detenidos vivían en varias ciudades y tenían nacionalidades diversas. Muchos eran militantes del GICM.

Y el pasado mayo, un grupo norteafricano declaraba en uno de los foros digitales yihadistas más visitados del núcleo de Bin Laden "la guerra al Estado infiel español" para "liberar las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla", lo cual motivó gran inquietud en el Gobierno, ante el grave peligro de que el terrorismo islamista cuestione con violencia la españolidad de esas dos ciudades. Es notable señalar que en la redada de ayer han colaborado los servicios de inteligencia marroquíes, a los que algún medio de comunicación, de forma irresponsable, implicó en su día en la tragedia del 11-M.

La policía y los servicios de inteligencia, junto a la judicatura, se han tomado muy en serio las amenazas islamistas. Es de esperar que sigan actuando al margen de los ruidos mediáticos y políticos sobre tramas conspiratorias en la feroz masacre del 11 de marzo de 2004 y que han cobrado esta semana más bríos con extravagantes y no demostradas tesis. Quienes las formulan, en un ejercicio intelectualmente diabólico, se arrogan el derecho de no sentirse obligados a probar su veracidad (el último ejemplo involucra a Rodríguez Ibarra y Vera), y sostienen que corresponde a quienes la rechazan probar su falsedad.