Sobornos de altura

El Reino Unido se debate entre la honra y los barcos. O mejor dicho, entre la honra y los aviones. Las amenazas del Gobierno de Arabia Saudí de que no ratificará su decisión de comprar 72 aparatos del avión de combate europeo Eurofighter Typhoon si los británicos no paralizan las investigaciones sobre supuestos sobornos pagados por la aeronáutica británica BAE Systems a la familia real y altos funcionarios saudíes, ha provocado una enorme polémica en el Reino Unido. El problema puede afectar de retrueque a la española Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima (CASA), productora del ala derecha del avión de combate europeo.

Mientras la prensa situada en el ala izquierda mediática se ha llevado las manos a la cabeza ante la posibilidad de que el Gobierno británico pueda interferir en una investigación judicial, la prensa más a la derecha -azuzada por el lobby de los fabricantes de armas- vaticina apocalípticas pérdidas de empleo y un vacío en la cooperación antiterrorista por parte de los saudíes si no se cede a sus exigencias.

Riad amenaza con no comprar 72 aparatos de combate si los jueces investigan

El caso puede afectar a la española CASA, productora del ala derecha del avión

El caso estalló hace más de tres años, cuando el diario The Guardian reveló la existencia de una presunta trama de comisiones ilegales puesta en marcha por BAE Systems para asegurarse la firma de una larga serie de contratos militares con los saudíes. Dotada con un fondo de 90 millones de euros, la trama tendría como objetivo engrasar la buena voluntad de personajes clave de la familia real y la Administración saudí con el pago de comisiones y la puesta a su servicio de placeres mundanos, desde viajes a prostitutas. The Guardian cree saber que la investigación abierta hace más de dos años por la Oficina de Grandes Fraudes (SFO, en sus siglas en inglés) se extiende ahora a pagos secretos de BAE Systems en media docena de países por 1.500 millones de euros.

Las relaciones entre BAE Systems y los saudíes se remontan a la mitad de los años ochenta, cuando la entonces primera ministra Margaret Thatcher negoció el intercambio de 600.000 barriles diarios de petróleo por aviones Tornado fabricados por la antecesora de BAE Systems, British Aerospace. Los contratos se fueron renovando con el tiempo y, según los saudíes, han reportado a las firmas británicas unos ingresos de casi 65.000 millones de euros.

La última renovación se acordó en julio de 2004 y se rubricó el 22 de diciembre del año pasado con la firma de un memorando de intenciones. Pero los saudíes amenazan con no ratificar ese precontrato si no se paralizan las investigaciones sobre corrupción. La amenaza divide a los británicos en dos campos: los que creen que ningún beneficio económico o comercial está por encima de la ley y los que creen que todo es cuestión de proporciones y que si el precio son 15.000 millones de euros y varios miles de puestos de trabajo, quizá valdría la pena hacer la vista gorda.

BAE Systems y el lobby de la industria de armas, el Consejo de la Industria de Defensa (DIC, en sus siglas en inglés) han liderado la campaña de presión a los investigadores aireando la importancia de los acuerdos con los árabes, no sólo en el caso de los Eurofighter, sino en otras áreas del sector. Pero sus cifras, que auguran la pérdida de hasta 50.000 empleos en el Reino Unido si no se firma ese contrato, parecen muy exageradas.

Por ejemplo, un estudio del Centro de la Economía de la Defensa de la Universidad de York publicado en junio pasado revela que ese contrato podría generar 11.000 empleos en toda Europa para la producción de 72 aviones, de los que probablemente sólo en torno al 40% estarían en el Reino Unido y el resto entre los otros cuatro países que participan en Eurofigher: España, Italia, Austria y Alemania.

La presión política a la justicia es algo muy mal visto en el Reino Unido, por lo que se ejerce de manera indirecta: exagerando las consecuencias de un portazo saudí y dando a entender que éstos tienen razón al estar enfadados porque la investigación va muy lenta.

Pero los investigadores se han defendido diciendo que BAE Systems ha tardado meses en atender sus requerimientos y que las autoridades suizas han tardado aún más en acceder a informar sobre los movimientos de varias cuentas secretas en las que están interesados los investigadores. Naturalmente, BAE afirma que está colaborando plenamente con la justicia y que no ha cometido ninguna ilegalidad.

De especial interés serían algunas operaciones que habrían permitido a BAE Systems hacer llegar dinero a personalidades saudíes a través de dos conocidos intermediarios en las operaciones de compra de armas a Arabia Saudí. Supuestamente, se trata de Wafic Said, un multimillonario con residencia fiscal en Mónaco, cuentas en Suiza y una mansión palaciega en la campiña del condado de Oxford. Y de otro multimillonario, el político libanés Mohamed Safadi, responsable del Ministerio de Obras Públicas libanés y propietario de la compañía Safadi Group. El diario matiza que no son ellos directamente los objetos de la investigación, sino el origen y destino de algunos pagos realizados a través de cuentas suyas.

Si la Oficina de Grandes Crímenes decide acabar presentando cargos contra alguien, sólo el fiscal general del Estado, lord Goldsmith, tendría poder jurídico para paralizar el proceso judicial. No es inaudito que la justicia británica decida renunciar a un proceso con el argumento de que éste "no es del interés público". Pero lord Goldsmith no parece en condiciones de poder hacerlo en esta ocasión porque empañaría definitivamente una independencia que ya muchos cuestionan después de que en 2002 cambiara su primer dictamen de que la guerra de Irak sería ilegal si no había una nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la sancionara específicamente. Este año ha vuelto a ser objeto de controversia al negarse a inhibirse de la decisión -que se supone ya próxima- de ordenar o no una eventual acusación contra el primer ministro, Tony Blair, por la posible financiación irregular del Partido Laborista.