Un concejal atribuye a Alperi el cambio de técnicos en el supuesto favor a Ortiz

Luis Concepción, concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Alicante, del PP, declaró ayer ante el juez que la orden de cambiar de negociado -de Urbanismo a Tráfico- el expediente para la revisión del contrato de tres aparcamientos subterráneos adjudicados al empresario Enrique Ortiz partió del alcalde, Luis Díaz Alperi. El edil dijo ignorar que los técnicos de Urbanismo rechazaron los cambios. El juez investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento hacia el contratista al introducir mejoras favorables al empresario en relación con la adjudicación inicial.

La Audiencia rebaja de 18.000 a 1.200 euros el aval a las acusaciones populares

El edil del área de Seguridad y Tráfico, Luis Concepción, declaró ayer como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante. El juez investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por supuesto trato de favor del Ayuntamiento al contratista Enrique Ortiz en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. El ministerio público sostiene que las variaciones introducidas en la adjudicación inicial favorecen al empresario y mantiene que los hechos pueden ser constitutivos de los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Aparte de Concepción, el magistrado ha imputado al alcalde, Luis Díaz Alperi, a la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, al jefe de negociado de Tráfico, Antonio Escobedo, y a Enrique Ortiz.

Los técnicos del área de Urbanismo informaron en contra de los cambios. Alperi trasladó entonces el expediente al negociado de Tráfico, cuyo jefe de departamento avaló las modificaciones.

Luis Concepción, que compareció ante el juez por espacio de cuatro horas, corroboró al magistrado que la orden del cambio de negociado del expediente de los aparcamientos partió del alcalde. Según fuentes judiciales, el edil recibió una llamada del alcalde avisándole de la llegada a su concejalía del expediente de los aparcamientos subterráneos. "Yo me limité a pasárselo al técnico correspondiente, y desconozco los detalles de su tramitación", puntualizó. Concepción, que, según las mismas fuentes, intentó desvincularse de la tramitación del expediente, también dijo desconocer que los técnicos del negociado de Urbanismo habían informado anteriormente en contra de los cambios.

El edil del PP rechazó cualquier relación de amistad con el promotor. No obstante, sí admitió que estuvo, junto al alcalde y otro concejal del PP, a bordo del yate del contratista con motivo de una regata celebrada en la bahía de Alicante.

En su denuncia, el fiscal sostiene que los trabajos de los tres aparcamientos fueron adjudicados al promotor en 2003 por 14,8 millones de euros y por un período de explotación de 40 años. Más adelante, el empresario presentó una propuesta que modificaba al alza las condiciones del contrato, tanto en el presupuesto, que se elevaba hasta los 17,8 millones, como del plazo de ejecución, que aumentaba en siete años y diez meses. En su escrito de denuncia, la acusación pública concluye que "hubo un concierto previo entre el alcalde y los dos concejales [Castedo y Concepción] con la exclusiva intención de conferir mejoras al adjudicatario". El ministerio público considera que la modificación del contrato ha acarreado al Ayuntamiento un quebranto económico de 2.268.060 euros.

El fiscal anticorrupción abrió las diligencias a raíz de una denuncia presentada por José Luis Valdés, portavoz del partido político Vecinos Por Alicante. Valdés y EU han visto hasta ahora frenada su intención de ejercer la acusación popular debido a la elevada fianza (18.000 euros) fijada por el juez. La Audiencia rebajó ayer esa cifra hasta los 1.200 euros, extremo que permitirá a estas dos partes personarse en la causa.

Las diligencias continúan mañana con la declaración de la edil Castedo. Dos días después el juez interrogará al último imputado, el alcalde Alperi.