Madrid y Vitoria crean una comisión policial y otra política para afrontar las obras de la 'Y'

Los Gobiernos central y vasco han puesto en marcha dos comisiones de coordinación para hacer frente a los problemas que se ciernen sobre la red de alta velocidad (TAV) en Euskadi. La primera, de carácter policial, pretende garantizar la seguridad en las obras y prevenir posibles ataques y sabotajes, mientras que la segunda, de contenido político, se ocupará de favorecer el avance de los trabajos y crear una opinión social favorable al proyecto. El Departamento de Transportes teme que la capitalización del rechazo a la Y ferroviaria por parte del movimiento abertzale conduzca, en la hipótesis más favorables, a una sucesión de sabotajes como la que causó grandes retrasos y daños en la construcción de la presa navarra de Itoiz.

En las cuatro semanas transcurridas desde el inicio de las obras del primer tramo de la Y ferroviaria, en las localidades alavesas de Urbina y Luko, se han desplegado todos los resortes de protesta de la heterogénea plataforma de grupos opositores a la infraestructura. Las dos numerosas manifestaciones celebradas en Vitoria y Durango exigiendo la moratoria del proyecto se ha combinado con actos de protesta y encadenamientos junto a las obras de Urbina, donde los grupos antisistema integrados en la AHT Asanblada (Asamblea contra el TAV) han mantenido esta semana un "espacio de resistencia".

Hasta ahora han sido campañas de acción y agitación -además de encadenarse a la maquinaria, los opositores hostigan a los trabajadores de la obra llamándoles "cómplices"-. Sin embargo, las luces de alarma se han encendido en las Administraciones central y vasca -la primera financia íntegramente los 4.178 millones de euros del trazado, cuyo tramo guipuzcoano será ejecutado por la segunda- al conocerse el propósito de la izquierda abertzale de convertir la lucha contra el TAV en uno de los ejes de su estrategia para recuperar el espacio político y social perdido con la ilegalización de Batasuna y hacer avanzar su proyecto para Euskal Herria.

Según fuentes del Gobierno vasco, los precedentes de la autovía de Leizaran y del pantano de Itoiz son "demasiado nítidos" como para hacer caso omiso a las intenciones y señales que apuntan en el mismo sentido.

Según fuentes del Gobierno vasco, los precedentes de la autovía de Leizaran y del pantano de Itoiz son "demasiado nítidos" como para hacer caso omiso a las intenciones y señales que apuntan en el mismo sentido. "[La consejería de] Transportes ha trasladado el abortado debate sobre el modelo de desarrollo de nuestra tierra para el futuro al terreno del conflicto de orden público", escribía hace dos semanas en el diario Gara un representante de Eguzki, la organización ecologista del movimiento abertzale, citando expresamente los casos de Leizaran e Itoiz. El artículo terminaba en tono de advertencia: "Desde Eguzki hacemos responsable al Gobierno tripartito del conflicto de orden público al que abocan de nuevo a este pueblo, de todos y cada uno de los episodios de enfrentamiento y represión que ya se empiezan a producir con el vergonzante inicio de las obras".

En el Ministerio de Fomento y en el Departamento de Transportes no se oculta la preocupación por el desarrollo posterior de la estrategia destinada a "paralizar" el proyecto o, al menos, obstaculizar su ejecución. "Desde luego, no es lo mismo hacer frente a unos activistas que se mueven exclusivamente por razones ambientales que a otros que, además, responden a una motivación política", apunta un portavoz del Ejecutivo vasco. Por ello, ambos gobiernos barajan distintas hipótesis de trabajo a la hora de evaluar los riesgos y hacerles frente. No es lo mismo un escenario Itoiz, en el que el objetivo de sus detractores fue entorpecer al máximo la obra, con acciones de resistencia o de puro y duro sabotaje, o el modelo de la autovía Navarra-Guipúzcoa en la década de los ochenta. Su construcción estuvo sometida a la amenaza del mundo de ETA, que formó en los ataques a la maquinaria y las empresas de Leizaran a sus grupos de violencia callejera. La propia organización terrorista la convirtió luego en objeto de sus atentados, que mataron a tres personas, hasta que forzó un cambio cosmético en el trazado aprobado por las instituciones.

Un objetivo vulnerable

En cualquier caso, la magnitud económica, la dimensión estratégica y la complejidad técnica de la Y vasca, que recorre como una columna vertebral toda la comunidad autónoma a lo largo de 152 kilómetros, la hace mucho más vulnerable que los dos casos precedentes. Aunque no se descarta la posibilidad de que ETA trate de interferir directamente, no se considera probable por ahora la implicación de la organización terrorista, al menos mientras el proceso de paz no se rompa.

Las dos administraciones ya han creado sendos órganos de coordinación para planificar una actuación preventiva. El primero, una comisión policial, en la que están presentes representantes del Ministerio y el Departamento de Interior, así como mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, con el fin de diseñar un plan de seguridad que garantice la protección de los tajos de la obra, de los trabajadores y la maquinaria, frente a cualquier tipo de ataque o daño. Otra comisión que acaba de constituirse, de carácter más político, es la de Coordinación, que reúne a miembros del Ministerio de Fomento, la Viceconsejería de Transportes y la Delegación del Gobierno en Euskadi, con el fin de poner en común su trabajo en la construcción del trazado.

Por otro lado, el Departamento de Transportes ha lanzado una página web para difundir la importancia del proyecto y favorecer la participación ciudadana. También recogerá en ella las reclamaciones de los afectados por las obras, con los que se propone llegar al máximo de acuerdos amistosos, evitando el recurso a la expropiación forzosa.

La inquietud suscitada tendrá también reflejo parlamentario. La semana pasada, el PSE presentó en la Cámara vasca una moción de apoyo y respaldo a las obras de la Y vasca para "evitar que una minoría imponga su criterio sobre un proyecto estratégico".