De carroñeros a aliados

Fueron "los carroñeros políticos" y ahora, sin embargo, la Generalitat los llama a colaborar. ¿Por qué los alcaldes socialistas de la línea 1 de metro, la que registró el accidente del 3 de julio, han dejado de pertenecer a la categoría de villanos para convertirse en aliados en potencia del Consell?

"Lo que pasa es que se han visto solos", dice Josep Bressó, alcalde de Torrent. "Se han visto solos con un montón de problemas en la línea. Y ahora, después de cerrar a toda prisa la comisión de investigación en agosto, y de haber intentado pactar las indemnizaciones con las víctimas, lo que están intentando es repartir responsabilidades con la oposición. Quisieron pasar página lo antes posible sobre el accidente, pero se han dado cuenta de que eso es muy difícil cuando hay 43 muertos y 43 familias destrozadas".

El metro es un granero de descontento a seis meses de las elecciones autonómicas y locales

"Se han visto solos y quieren repartir la responsabilidad", dice Josep Bressó

Bressó es por derecho el portavoz de los alcaldes socialistas de la línea 1: la mitad de las víctimas mortales del accidente de julio vivía en Torrent. Fue él quien envió hace unas semanas una carta al presidente Camps, en representación de todos los demás, solicitándole una reunión para tratar los problemas del servicio público. Pasaron unos días y Camps, finalmente, encargó a su consejero de Transportes, José Ramón García Antón, realizar la entrevista.

Detrás del cambio de actitud del jefe del Consell se alzaba el funcionamiento de la línea 1 seis meses después de la tragedia. ¿Qué cómo es? Lo mejor es preguntárselo a quienes mejor lo saben, los usuarios. En una improvisada encuesta, realizada esta semana a la entrada de la estación de Plaza de España, María Dolores Garrido, asesora financiera, de 38 años, respondía: "Para mí, horrible". Y María Gómez, limpiadora, de 45, decía: "Fatal". Y Fina Muñoz, ama de casa, de 57: "La línea funciona mal".

Lo saben los viajeros y lo recogen las estadísticas: Desde el accidente del 3 de julio, la empresa encargada del servicio, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), ha reconocido 18 "averías o incidentes" serios que, en ningún caso, según su versión, representaron un riesgo para la seguridad del pasaje. Fuentes de la empresa, sin embargo, consideran que el número se queda corto. Y la propia FGV admite que esa relación de incidentes se elabora a partir de lo publicado en la prensa, que sólo recoge, normalmente, los casos denunciados por los usuarios: Un convoy parado durante media hora en el interior de un túnel; un metro al que no se le cierran las puertas; goteras de impresión en las estaciones y... dentro de los vagones. Los sindicatos desconocen el número real de averías, fallos e incidentes. Y la empresa, si cuenta con el listado exhaustivo, no lo hace público.

Así que la línea 1 funciona mal. El presidente Camps, olvidado el mutismo por el que se inclinó después del accidente, lo aceptó a finales de noviembre en las Cortes y pidió perdón por ello. La línea va mal y los viajeros, después del accidente, no están para bromas. "El accidente tuvo un efecto altavoz", señala un portavoz de FGV, "lo cual es lógico. Y hemos puesto en marcha mejoras importantes en la línea, pero estamos en una situación complicada. Eso también es verdad".

Si a ello se suma que, según una encuesta publicada hace dos meses por este periódico, un 58% de los valencianos creía que el accidente de julio pudo haberse evitado -tesis contraria a la sostenida desde el principio por el Gobierno valenciano- da la impresión de que en el metro existe un granero de descontento de proporciones considerables. Y quedan seis meses para las elecciones autonómicas y locales.

El funcionamiento de la línea, además, no es la única preocupación del Consell al respecto. Después de varios meses desorganizados, y después de que la Generalitat tratara de pactar discretamente las indemnizaciones con los afectados, un intento que no acabó de funcionar, las víctimas han formado una asociación, han salido a la calle a manifestarse y han pedido las dimisiones de los responsables de Ferrocarrils.

"Las acusaciones de carroñería eran absurdas", afirma Bressó, "porque siempre nos hemos mostrado respetuosos. Y si ahora quieren nuestra colaboración, la tendrán. Pero no a cambio del silencio. Ni a cambio de que dejemos de seguir pidiendo las responsabilidades que consideramos obligadas por una actuación nefasta en la gestión de un servicio público. Incluida la dimisión de García Antón".

El tablero está así: los alcaldes socialistas pidieron una reunión con Camps, y el presidente delegó el encuentro en su consejero de Infraestructuras y Transportes, a quien los primeros piden que abandone el cargo. ¿Cómo acabará la cosa? "Es algo que habrá que ver", dice Bressó, "pero mi opinión, ahora, es que no deberíamos ir".