Deben saber

No sólo inaceptable, como dijo el ministro Rubalcaba, sino incomprensible para cualquiera habría sido que el Gobierno venezolano indemnizara a dos etarras por haber autorizado su deportación a España; y difícil de entender también que hubiera concedido la nacionalidad de ese país a otros cuatro antiguos activistas para evitar su extradición. Al ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno del reelegido Hugo Chávez también debe parecerle incomprensible porque, tras algunas horas de duda, el martes por la noche se produjo la rectificación que anulaba tales medidas. Estaba previsto que ese ministerio oficializara por escrito su compromiso verbal en tal sentido, que incluye la destitución del funcionario que presuntamente negoció la indemnización a espaldas del Gobierno venezolano.

La explicación del suceso dada desde Caracas incluye la intervención de una Oficina del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional y la ratificación del acuerdo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la que el abogado de los etarras ha anunciado un recurso. Tiene derecho a ello, y habrá que estar atento a sus razones, para ver si hay una explicación racional de lo ocurrido.

Mientras tanto, conviene que la opinión pública venezolana conozca que, según fuentes policiales, las causas abiertas contra los cuatro etarras en la Audiencia Nacional guardan relación con su presunta participación en 23 asesinatos realizados entre finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, uno de los cuales fue el del dirigente de UCD en Guipúzcoa Jaime Arrese, abatido a tiros en Elgoibar el 23 de octubre de 1980. Y que sepa que en 1978, 1979 y 1980 ETA asesinó a un total de 239 personas, es decir, una cada cinco días, de las que varias eran miembros del partido que entonces gobernaba en España; y que esos crímenes no se produjeron en una situación dictatorial, sino más bien contra el afianzamiento de la democracia.