Condenado a dos años de prisión por fraude fiscal el ex primer teniente de alcalde de Gil

La Audiencia de Málaga ha ratificado una condena a dos años de prisión para el que fuera primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román por fraude fiscal cometido en la gestión de la sociedad Marbella Sierra Blanca, de la que es administrador. Román deberá pagar una multa de 1,4 millones de euros, equivalente a la cantidad defraudada. El Tribunal de Cuentas ha pedido a la fiscalía que procese al concejal del Partido Estepona y ex del GIL Antolín González por un presunto delito de alzamiento de bienes para evitar un embargo.

La Audiencia de Málaga ha ratificado la sentencia contra Pedro Román que en su día dictó el juzgado de lo Penal número 8 de Málaga y que fue recurrida por éste. En la resolución se considera probado que el ex primer teniente de alcalde de Marbella realizó diversas operaciones financieras con el fin de "eludir el pago de tributos" en la sociedad Sierra Blanca, actualmente Grupo General de Inversiones 2001, de la que Román era administrador de hecho y propietario.

Según la sentencia, Román defraudó a la Hacienda Pública 1,4 millones de euros. Para ello declaró un resultado contable y compensó pérdidas de ejercicios anteriores por una cantidad idéntica a dicho balance, con lo que resultaba una base imponible para el pago a Hacienda de cero pesetas.

También contabilizó como pérdidas de la sociedad una cantidad de dinero de operaciones realizadas con acciones propias, que según las normas de valoración establecidas por la normativa vigente deben cargarse en cuentas de reserva y no son por tanto deducibles.

En la sentencia, la Audiencia estima que se han presentado "pruebas bastantes" de la culpabilidad de Román y ratifica la decisión del juzgado "no habiéndose suscitado duda alguna reveladora de que el relato de hechos probados en la sentencia recurrida no sea acomodado a lo realmente acontecido".

La sala si ha admitido en parte el recurso de Román en cuanto a que en el procedimiento judicial se produjeron dilaciones "carentes de justificación". La Audiencia admite que por ello el proceso tuvo una duración "excesiva", pero en la práctica ello no tiene más efecto que el que quede constancia en el texto de la sentencia, dentro del apartado de hechos probados, y no afecta a la pena impuesta. Aunque la dilación se considera un atenuante, la Audiencia justifica el mantenimiento de la condena de dos años de prisión en que el juzgado impuso la pena de grado mínimo que para este tipo de delitos contempla el Código Penal.

Pedro Román fue primer teniente de alcalde de Marbella desde la llegada de Jesús Gil a la alcaldía, en 1991, hasta septiembre de 1998, cuando dimitió y abandonó la política para dedicarse a sus negocios.

Dentro del amplio capítulo de asuntos judiciales en los que están inmersos ex cargos públicos del partido fundado por Gil, el Grupo Independiente Liberal (GIL), el Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Fiscalía el procesamiento del concejal de Estepona Antolín González por un presunto delito de alzamiento de bienes. González fue administrador de algunas sociedades municipales en la etapa en la que el Ayuntamiento estuvo gobernado por Jesús Gil Marín, entre 1995 y 1999 y actualmente es concejal del Partido Estepona (PES) y ocupa la cartera de Turismo en el gobierno municipal que preside el socialista Antonio Barrientos.

Según el Tribunal de Cuentas, Antolín González vendió dos viviendas unifamiliares de la que era propietario para evitar responder con su patrimonio de las responsabilidades en las que incurrió durante su gestión al frente de las sociedades municipales. Según resolución del Tribunal de Cuentas, González debía reintegrar gastos no justificados de las sociedades municipales solidariamente con otros ex cargos directivos de éstas.

Actualmente, el Tribunal de Cuentas tiene abiertos varios procedimientos por alcance contable por gastos injustificados de la etapa de Gil Marín que superan los 12 millones de euros.

Entre los concejales a los que el Tribunal de Cuentas ha pedido responsabilidad figura el actual primer teniente de alcalde y presidente del PES, José Ignacio Crespo, que fue también primer teniente de alcalde de Gil Marín.

La formación política Convocatoria, fundada por antiguos militantes de Izquierda Unida y personada en algunos de estos procedimientos por alcance contable, ha pedido al alcalde, Antonio Barrientos, que inste a los embargos de los sueldos que cobran como concejales José Ignacio Crespo y Antolín González