Los socialistas quieren investigar a una edil tránsfuga de San Fulgencio

"Su nivel de ingresos no corresponde con su patrimonio personal", explica Juan Antonio Gamuz, concejal socialista del Ayuntamiento de San Fulgencio y vicesecretario de la agrupación local del PSPV. Gamuz presentó ayer a la Fiscal Anticorrupción de Alicante una denuncia sobre la compra de varias fincas por parte de la concejal tránsfuga del PSPV en el Ayuntamiento de esa localidad de la Vega Baja, Luisa Alberola, adquiridas antes y después de la moción de censura que desalojó de la alcaldía a los socialistas en beneficio del PP.

La denuncia incluye documentos sobre las últimas operaciones de compraventa de fincas por parte de la tránsfuga. Según las pruebas aportadas por el PSPV, en noviembre de 2003, Luisa Alberola, ahora integrada en la Agrupación Independiente del Mediterráneo, adquirió junto con una sociedad y otras dos personas una finca en Elche de 40.470 metros. Meses después, igualmente, la concejal compró varias fincas en la Algueña (Vinalopó Mitjà) de alrededor de 20.000 metros. Suelo que se recalificará, según prevé el planeamiento de la población. En total, el concejal socialista estima entre 600.000 euros y 700.000 euros el valor de mercado del suelo comprado por Alberola. Un patrimonio que Juan Antonio Gamuz insiste en que no se corresponde con la situación laboral de la edil (sin dedicación exclusiva) ni de su marido, un operario de una fábrica de calzado.

Luisa Alberola había denunciado anteriormente a la ex alcaldesa, la socialista Trinidad Martínez, por adjudicar un PAI en los que su familia tiene propiedades. La denuncia la instruye un juzgado de Orihuela. El pleno del lunes acordó un cambió en la fecha de aprobación de ese plan urbanístico. La variación en el acta ha sido cuestionada por el PP. La concejal popular Josefa Mora explicó ayer que no se puede modificar el proyecto dado que existe un procedimiento judicial abierto.

El alcalde, el independiente Mariano Martí, y la edil Trinidad Martínez rechazaron la acusación. Ambos explicaron que el plan parcial se aprobó por mayoría en un pleno del pasado 23 de febrero con la abstención de los tres concejales cuyos familiares tienen intereses directos en el PAI, entre ellos Martínez. Meses después, el 14 de septiembre se celebró otro pleno en el que, tras la exposición pública del proyecto, se da luz verde a la subsanación de los errores por parte de la Agrupación de Interés Urbanístico que agrupa a los 29 propietarios alegados del proyecto. Trinidad Martínez sí votó en ese pleno, pero avalada por un informe jurídico y otro de la Secretaría. La transcripción, insisten Martínez y Martí, "incluye por error una fecha distinta a la del pleno en el que realmente se autorizó el PAI".