Intradeterminación

La aprobación por los gibraltareños de su nueva Constitución supone una redefinición de las relaciones entre la colonia y Londres. Se trata de un ejercicio de autodeterminación, pero limitado: Gibraltar no puede (ni quiere) optar a ser independiente y se mantiene la vigencia del Tratado de Utrecht de 1713 según el cual la colonia sólo podría cambiar de estatuto con el acuerdo de España. Es la primera vez que la Constitución gibraltareña, a través de llamado despatch británico que la ha de acompañar, cita el Tratado de Utrecht y deja claros estos términos.

La actualización de su regulación interna no ha despertado las pasiones de los gibraltareños, en comparación con 2002, cuando masivamente se opusieron en referéndum a toda posible cosoberanía del Peñón entre Londres y Madrid, fórmula que se barajó en la época. La nueva Constitución se sitúa en el contexto de la modernización de los ordenamientos jurídicos de los territorios británicos de ultramar emprendida desde 1999. Hay algunos elementos de interés, en materia de equiparación de los derechos humanos con el Convenio del Consejo de Europa, de clarificación y delimitación de los poderes del gobernador británico en la colonia, y aumento de los de las autoridades locales. Pero no hay cambios respecto de la soberanía. Londres sigue siendo quien la asume, y quien por tanto mantiene la responsabilidad internacional del Peñón.

Aunque es verdad que se perpetúa la situación colonial de Gibraltar, pues a este respecto nada ha cambiado, las estridentes críticas del PP carecen de base. Lo importante es ahora desarrollar el acuerdo tripartito del pasado septiembre para impulsar un uso conjunto del aeropuerto, las telecomunicaciones, el pago de las pensiones a los antiguos trabajadores españoles allí y otras medidas. Son cuestiones concretas que redundarán en beneficio no sólo de los gibraltareños, sino de todo el campo de Gibraltar. En esto, la política del Gobierno de Zapatero ha estado bien enfocada, incluso si los británicos no han mantenido su palabra de no mencionar la "autodeterminación" en la pregunta del referéndum.