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El juez Del Olmo mantiene secretas las pesquisas, pero niega cualquier vinculación con el 11-M

La investigación sobre la supuesta trama de policías corruptos ha sido investigada por el juez Juan del Olmo, el mismo que instruyó el sumario del 11-M. Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional han negado sistemáticamente durante los últimos días que la trama tenga cualquier relación con los atentados de los trenes de Madrid.

Las pesquisas fueron asumidas por Del Olmo porque la noche en que fue descubierta la supuesta entrega simulada de explosivos se encontraba de guardia. El juez, en los primeros momentos de las pesquisas, se limitó a interrogar a Manuel Romero, la persona en cuyo poder estaban los 5,5 kilos de Goma 2 Eco, la misma marca y tipo que la utilizada en el 11-M, y a la persona que el confidente identificó como quien le había entregado el paquete, Adolfo R. R., vecino de la localidad madrileña de El Álamo.

El juez sometió a los dos detenidos a un careo, durante el que Adolfo R. R. -a quien Manuel Romero había identificado en uno de los álbumes de fotos que le enseñaron en la Brigada Provincial de Información- negó ni siquiera conocer al confidente o cualquier dato relacionado con los explosivos. Tras estas diligencias, Del Olmo decretó la puesta en libertad de ambos, con la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.

La nota difundida ayer por el Ministerio del Interior asegura que los policías han sido detenidos por estar "en distintas actividades propias de la delincuencia común". El comunicado, que ha sido sometido al criterio del juez, remacha que las actuaciones están sometidas al secreto del sumario y que, "en todo caso, no guardan relación con ninguna de las causas abiertas por el citado juzgado número 6".

Las fuentes consultadas aseguran que dos de los policías investigados, José Luis González Clares y Luis López Hidalgo, ya habían levantado las sospechas de sus compañeros debido al trato que tenían con los confidentes cuando estuvieron destinados en el Grupo II de Investigación de la Comisaría de Puente de Vallecas. Los agentes, afiliados a la Confederación Española de Policías hasta hace menos de un mes, cuando se afiliaron a la Unión Federal de Policías, rechazaron ayer, al ser detenidos en la comisaría de Móstoles, los servicios jurídicos del sindicato y optaron por un letrado de oficio.

Además, ya fueron investigados en junio de 2005 por la muerte en un despacho de su grupo de investigación del delincuente Miguel Ángel Vázquez Mariño. Éste murió tras saltar por la ventana de un primer piso, inmediatamente después de que se le quitaran las esposas. Sin embargo, las fuentes policiales consultadas ayer indicaron que el asunto quedó claro y que el caso se cerró como suicidio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de diciembre de 2006