Barcelona tiene 6.000 menores de edad en situación de riesgo

En Barcelona hay unos 6.000 menores de edad en situación de riesgo: en desamparo, con problemas de maltrato o viviendo en malas condiciones, con déficit alimentarios o practicando la mendicidad. Ese es el cuadro que recoge un informe sobre los derechos de la infancia realizado por la síndica de greuges de la ciudad, Pilar Malla, que urge a las administraciones para que incrementen los recursos.

Lo que más falta hace son educadores y asistentes familiares, que son los que pueden descubrir los problemas y actuar o proponer medidas. "Porque lo más importante es prevención, prevención y prevención", insiste Malla.

Actualmente, en Barcelona hay algo más de 230.000 menores de edad, una cifra que irá creciendo progresivamente. El aumento será más acentuado en las familias de rentas más bajas, con especial influencia en el colectivo de inmigrantes. De acuerdo con las cifras que recoge el informe de la síndica, de los 6.000 menores en riesgo, 2.900 se consideran en situación de alto riesgo y son atendidos por los educadores de atención a la infancia y a la adolescencia (EAIA), que dependen del Ayuntamiento.

De esos casi 3.000, 1.722 son tutelados por desamparo, una competencia que realiza la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat (DGAI). Y en ninguno de esos cómputos se incluyen los menores inmigrantes que viven solos en la ciudad, una cifra que se calcula entre 600 y 700 en toda Cataluña, la mayor parte de ellos concentrados en Barcelona.

Otras cifras que ilustran sobre la magnitud del problema es que más de 2.000 menores viven en familias que perciben la renta mínima de inserción.

En este grupo hay que destacar, además, que 1.370 habitan en núcleos monoparentales. Otra magnitud preocupante es que, en 2005, los juzgados de menores han aplicado medidas penales a 2.032 adolescentes en Barcelona.

A la síndica le llegan quejas por malos tratos, menores que viven en malas condiciones, como las decenas de niños de las caravanas y barracas que todavía existen en el Poblenou, y niños que practican la mendicidad. "No es que se haya disparado el número de menores en situación de riesgo, es que el problema radica en que sin más política preventivas y más educadores y asistentes en la calle el panorama empeorará", alerta la síndica, que también apunta que la doble dependencia de los educadores de la Generalitat y el Ayuntamiento dificulta que su trabajo dé mejores resultados. Añade que a veces se pierde más tiempo en realizar todo tipo de informes que en proponer y conseguir el trato adecuado para un joven en riesgo.

Este último problema también ha sido reconocido por el concejal de Bienestar Social, Ricard Gomà, quien se mostró confiado en que el consorcio de Bienestar Social -Generalitat y Ayuntamiento- sirva para "agilizar al máximo los circuitos administrativos". Con todo, la síndica reconoce que los servicios sociales del Ayuntamiento habían hecho un esfuerzo importante, pero que resulta insuficiente.