La gestora de Marbella desbloquea 250 expedientes urbanísticos

La comisión gestora de Marbella aprobó ayer en pleno una moción que permitirá desbloquear unos 250 expedientes urbanísticos hasta ahora atascados, y que atañen a 48 urbanizaciones repartidas por la ciudad. La medida despeja el camino para la regularización final de estas urbanizaciones, ajustadas al PGOU vigente de 1986, pero a las que las corporaciones gilistas no dieron en su día el visto bueno.

El objetivo de la gestora es evitar tener que revisar las licencias otorgadas en esas urbanizaciones, que están ajustadas al Plan General vigente, pero que no conllevaron la cesión de zonas verdes y equipamientos estipulada por la ley, y que ahora buscan regularizar los equipos técnicos municipales. El vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, calificó la medida como "un asunto ocasionado por culpa de la propia desidia de las corporaciones anteriores". "Hemos declarado que los procedimientos de parcelación no son necesarios. Esto nos permitirá dar nuevas licencias a personas honestas y con proyectos interesantes que no han faltado a la legalidad".

Duarte quiso ayer enfatizar la trascendencia del acuerdo alcanzado por el pleno municipal. "Es uno de los asuntos más esperados por el mundo inmobiliario en Marbella y las personas que tienen suelo en las urbanizaciones más antiguas de la ciudad". El vocal de Urbanismo explicó que "el problema para dar la licencia urbanística es que, con arreglo a la ley, no es posible otorgarla hasta que no se proceda a gestionar de manera legal las urbanizaciones". Por esta razón, la gestora ha decidido establecer dos procesos distintos. Por una parte se iniciarán los procedimientos de recuperación de esos espacios públicos, y en paralelo se otorgarán las licencias bloqueadas.

"En el mejor de los casos, el Ayuntamiento es propietario de las zonas verdes, viarios y zonas públicas de las urbanizaciones por una actuación de hecho, informal, por cesiones hechas con escritura pública, pero no por los procedimientos previstos; mientras que en el peor de los casos, esas cesiones ni siquiera se han producido", explicó Duarte.

Por otra parte, la gestora aprobó asimismo iniciar el procedimiento de revisión de 24 licencias, que afectan a más de 1.100 viviendas, concedidas conforme al pretendido Plan General de 1998 y declarado nulo por la justicia. La razón del inicio de revisión atiende a "entender que incurren en causa de nulidad", según explicó ayer el presidente de la gestora, Diego Martín Reyes. De las 24 licencias que se revisarán, 18 corresponden a promociones inmobiliarias, entre las que destaca El Cantizal, de 841 viviendas, impulsada por el empresario Fidel San Román, detenido en la Operación Malaya.

Esta promoción presenta, según Duarte, "las deficiencias más graves porque está en su mayor parte construida sobre un suelo no urbanizable, mientras que otra zona se encuentra en suelo edificable pero reservado para uso hotelero". Otras licencias de obra incluidas en esta revisión son las promociones Proincosta, del constructor Eusebio Sierra, imputado en el caso Malaya por un delito de cohecho; y Naviro Inmobiliaria 2000, promovida por José Avilas Rojas, también arrestado por su implicación en la trama de corrupción municipal.