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El fiscal pide tres años de cárcel para un empresario por explotar a un inmigrante

El acusado no dio de alta al trabajador ni le pagó el salario cuando estuvo hospitalizado

La fiscalía del Tribunal Superior de Madrid reclama una pena máxima -tres años de cárcel- para un empresario autónomo al que acusa de mantener durante tres años a un inmigrante en un régimen parecido a la esclavitud. La vida de Emil Raychev como peón de albañil en la empresa del acusado, Jesús Palacios Caselles, fue especialmente dura. "Trabajaba más de 10 horas diarias, nunca tuvo vacaciones y no estaba dado de alta en la Seguridad Social", según explica el ministerio fiscal en su escrito de acusación. Y cuando estuvo hospitalizado no cobraba sueldo alguno.

La pena que solicita la fiscalía de Madrid es de las más altas que se recuerdan por un delito contra los derechos de los trabajadores. El fiscal atribuye los siguientes hechos al acusado: Palacios Caselles, "sin antecedentes penales, ejercía la actividad de la construcción como autónomo en la localidad madrileña de Collado Mediano". Se dedicaba a reformar locales de negocios y viviendas.

Según el fiscal, en noviembre de 2002, "contrató verbalmente al ciudadano extranjero Emil Raychev como peón de albañil". En ese momento, Emil Raychev "se encontraba en situación irregular en España". Aun así, empezó a trabajar para el acusado "de forma continuada e ininterrumpida hasta el día 3 de marzo de 2005". Durante todo ese tiempo, la víctima estuvo "privada de los correspondientes derechos laborales y de Seguridad Social", puesto que "carecía del correspondiente permiso de trabajo" en España.

Ni festivos ni vacaciones

Y no sólo eso: impuso al obrero "condiciones de trabajo claramente abusivas, de forma que el perjudicado solamente cobraba por los días efectivos que trabajaba, sin cobrar absolutamente nada los días festivos y fines de semana". Y, además, "realizaba jornadas de trabajo de más de diez horas diarias y nunca pudo disfrutar de vacaciones, ni cobró tampoco paga extra alguna".

La víctima, explica también el fiscal, "tuvo que ser hospitalizado el día 8 de febrero de 2005" debido "a una enfermedad pulmonar", de la que recibió el alta "el 25 de febrero de 2005". Durante los días que estuvo hospitalizado, "el acusado manifestó [a la víctima] que solamente iba a pagarle los días de febrero que había trabajado". Emil Ray-chev mostró su disconformidad y exigió al acusado "sus derechos laborales", pero aquél no sólo se negó, sino que le despidió el 3 de marzo de 2005.

La víctima le denunció ante la Magistratura de Trabajo. El Juzgado de lo Social 26 de Madrid declaró improcedente el despido el 18 de julio de 2005.

Aparte de la sentencia social, la víctima denunció a su empleador en la vía penal y fruto de ella son los tres años de prisión que le pide ahora la fiscalía de Madrid por un delito contra los derechos de los trabajadores. Además de los tres años de cárcel, el fiscal demanda también que el acusado sea condenado a pagar una multa de 12 meses a razón de 12 diarios, y que le indemnice con 6.000 euros por los perjuicios morales sufridos.

Si el juez acepta la petición del fiscal, el acusado tendría que cumplir necesariamente en la cárcel esta pena, tres años, dado que excede el máximo de dos años por los que le podría ser aplicada la remisión condicional de la condena. Esta fuerte petición de pena se enmarca dentro de la severidad anunciada por el fiscal de delitos laborales de Madrid, Pedro Martínez, contra las infracciones en el ámbito de las relaciones laborales y la siniestralidad laboral. La fiscalía ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, pionero en España, para evitar la impunidad en los siniestros laborales y asuntos de Seguridad Social.

El convenio, al que aún no se ha adherido la Comunidad de Madrid, consiste en que los servicios de urgencia han de avisar de inmediato a una brigada policial creada por el Ayuntamiento de Madrid para que, provistos de cámaras, sus agentes acudan cuanto antes al lugar donde se produzca un accidente laboral, o se incumplan las medidas de prevención, levanten el oportuno atestado y recaben pruebas con las que castigar las infracciones.

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