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Urbanismo salvaje

El 'caso Andratx' destapa el cobro de 740.000 euros por favores urbanísticos

La investigación acredita falsedad documental para permitir construcciones en suelo protegido

El escándalo balear de corrupción destapado el pasado lunes, el caso Andratx, que implica al alcalde de esta localidad, Eugenio Hidalgo, del PP, y al cerebro de Urbanismo del Gobierno balear, Jaume Massot, se basó en la concesión de licencias "absolutamente irregulares", en "certificaciones falsas de suelo" para levantar casas en áreas naturales protegidas y en el cobro de sobornos, mediante testaferros y sociedades interpuestas tuteladas por Hidalgo y sus colaboradores. Así consta en el auto judicial que ordenó las detenciones y registros, y apunta el cobro de al menos 740.000 euros en comisiones ilegales.

La Fiscalía Anticorrupción, que llevaba cuatro meses rastreando el caso con intervenciones telefónicas y peinados societarios y de patrimonios por la Agencia Tributaria, ha documentado pagos ilegales al alcalde y a su socio, el inspector de obras, Jaume Gibert, por valor de 740.000 euros, la mitad a cada uno. Andratx es uno de los municipios de Mallorca donde las residencias de verano tienen mayor valor y donde más han proliferado los destrozos paisajísticos en su litoral.

El municipio mallorquín mantiene la reglamentación urbanística de la época de la dictadura y la tutela administrativa era inexistente. Los ecologistas y la oposición llevaban casi dos años denunciando en los tribunales la gestión de Hidalgo, por sus ilegalidades y el destrozo de los paisajes naturales. El PP, tras la detención del alcalde, se desmarcó de su actuación y recordó que durante más de un año, en 2004, fue aliado local del PSOE.

Mañana, jueves, pasarán a disposición judicial, tras 72 horas de detención en el cuartel de la Guardia Civil de Palma, los tres principales implicados, el alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo -a la vez constructor y promotor en su municipio-, el director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot -un aparejador que fue 20 años funcionario jefe de urbanismo de Andratx-, y el inspector de Andratx, Jaume Gibert.

Hidalgo y el funcionario inspector Gibert, con la complicidad de un arquitecto, Miguel Arenas -acusado de ser el testaferro de los dos primeros-, tenían un "entramado de sociedades" (se citan hasta siete) para disfrazar la procedencia del dinero negro de los sobornos y sus actividades. El alcalde y el inspector de obras estaban "vinculados como socios y receptores de dinero", mantenían negocios "con relaciones estables" y "se repartían los beneficios", señala el auto.

La esposa de Gibert, el arquitecto Arenas y la arquitecta Isabel Seguí, vinculados al alcalde y a Andratx, han prestado declaración como imputados, así como un letrado local por obstrucción a la justicia. Seguí, que ahora trabaja en el Gobierno balear, en una larga declaración nocturna ante la Guardia Civil, según diferentes fuentes, pudo haber revelado algunos detalles útiles para la investigación y las imputaciones.

Los diferentes delitos enmarcados en el caso Andratx son contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, cohecho, asociación ilícita, de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos y delito fiscal. Los imputados principales se han acogido a su derecho de no declarar ante la Guarda Civil.

Hidalgo tiene una sociedad matriz de ventas de coches, Eucar, SL, e implicaciones en diversas compañías que promueven obras en la localidad. El auto cita que la empresa Prollamp de Ponent, SL pagó al alcalde un total de 369.424 euros, a través de la sociedad Spanish Investment. Otra compañía, Casas de Cala Moragues, SL, que está integrada con la sociedad de Hidalgo Eucar, trabaja en la promoción inmobiliaria y el propio alcalde le otorgó una licencia "absolutamente irregular". La sociedad Proyectos Protestar, relacionada con la citada Prollamp del Ponent, según el juez, "genera el motivo mercantil que acaba suponiendo pagos al alcalde y al celador".

En los intestinos de la investigación se indica que la compañía Inversiones Bruja abonó 369.424 euros a Antonia Gari, esposa del celador imputado Gibert.

Jaume Massot está implicado en los delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, puesto que su intervención, dice el juez, "está materializada en ocasiones con su firma e informes y, en ocasiones, con su intervención y asesoramiento". Massot oficialmente llevaba tres años sin tener despacho ni firma en Andratx, pero acudía cada semana al Ayuntamiento.

Los documentos que le implican son de su etapa como funcionario municipal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de noviembre de 2006