SOS Monuments pedirá al fiscal que actúe en defensa de la integridad de la Casa Batlló

Al fiscal por alarma social y por atentar contra el patrimonio artístico. Es la idea de fondo que quiere plantear SOS Monuments en la batalla que ha emprendido para liberar la Casa Batlló de las cuatro plantas que se levantaron en época de José María Porcioles (alcalde de la ciudad entre 1957 y 1973) en el edificio contiguo, que está en obras, en la esquina de Aragó y el paseo de Gràcia. Un gabinete de abogados prepara una denuncia que recogerá la legislación sobre preservación de bienes artísticos y los informes técnicos sobre las grietas que han aparecido en las paredes de una de las obras maestras de Gaudí.

Lo que planteará al fiscal el abogado Ramón Baiget, que representa a SOS Monuments y a la Fundación la Miranda, es que intervenga en defensa del patrimonio artístico, que en el caso de la Casa Batlló tiene el máximo rango. Esa iniciativa legal se apoyará en legislación autonómica y en el Código Penal. La Ley de Patrimonio Cultural aprobada por la Generalitat en septiembre de 1993 establece que los monumentos catalogados como bienes de interés nacional deben poder ser entendidos. "Es evidente que las cuatro plantas que se construyeron en el edificio contiguo impiden que se comprenda bien la Casa Batlló, es como si a un castillo le construyeran una casa adosada", argumenta el abogado en la azotea de la casa modernista de principios del siglo pasado. Es en ese lugar -visitado por miles de turistas cada año- donde es más evidente que las cuatro plantas del edificio contiguo parecen abalanzarse sobre la Casa Batlló, hasta el punto de que se diría que una de sus chimenas está empotrada en los apartamentos de lujo que construye Hines. Y por la vía penal, concretamente los artículos 321, 322, 323 y 324, sobre los delitos contra el patrimonio artístico, incluso prevén penas de prisión. "En principio, la pared medianera de la Casa Batlló presenta grietas que han sido achacadas a las obras del edificio colindante. No revisten gravedad pero son daños", insistía Salvador Tarragó, presidente de SOS Monuments. "Es un problema de mentalidad, y en Cataluña, como en el resto de España, no se protege el patrimonio artístico. No hay alarma social cuando se atenta contra un bien protegido" insistía el abogado, que no descarta que la propiedad de la Casa Batlló, la familia Bernat, respalde las acciones legales que presentarán "en unas dos semanas".

Cuestiones jurídicas al margen, lo que persigue la iniciativa que impulsa SOS Monuments es que se eliminen los cuatro pisos más que se construyeron en el edificio contiguo en 1969, época en que no pocos arquitectos municipales levantaron varias plantas sobre las azoteas de muchos inmuebles del Eixample, siempre con el visto buento de Porcioles.

Tarragó también dirige sus críticas al Ayuntamiento por no haber planteado la expropiación de esas cuatro plantas añadidas cuando los promotores pidieron la licencia de obras para la rehabilitación del edificio. Esa petición ahora está avalada por 2.000 firmas recogidas en tres días entre los visitantes de la Casa Batllló; sin embargo, nada hace pensar que vaya a ser tenida en cuenta.