La presión fiscal sobre las empresas del sector se ha multiplicado por cinco en los últimos seis años

Las operadoras quieren cargarse de argumentos en su queja. A través de la patronal del sector AETIC han encargado un informe a la consultora Deloitte en el que se demuestra que la carga tributaria específica soportada por los móviles se ha multiplicado por cinco en el periodo de 2000 a 2006, pasando de 65,2 a 332,1 millones de euros.

Los principales hitos de esta tendencia han sido la modificación de las reglas de cálculo de la tasa por el uso radioeléctrico, que en 2001 hizo que se incrementase un 1.200%. Si bien en los ejercicios siguientes el impacto de esta tasa se moderó, la recaudación estimada para 2006 es un 351% superior a la registrada en 2000, hasta los 242 millones de euros. El segundo varapalo fue la reforma del IAE realizada en la Ley de las Haciendas Locales, a consecuencia de la cual la aportación del sector a los municipios por este tributo se elevó un 840% en 2003 respecto al ejercicio anterior. Para el conjunto del periodo 2000-2006, la recaudación por este concepto se ha multiplicado por 30, pasando de 2,3 a 68,1 millones de euros,

El informe encargado por AETIC también resalta la discriminación fiscal respecto a otros sectores, como el eléctrico y el financiero. Para el periodo 2002-2004, la carga media sobre ingresos correspondiente a la telefonía móvil se situó en el 1,86%, frente a una tasa del 1,46% para las empresas eléctricas y del 0,81% para las financieras.

La incorporación al análisis del gasto por impuesto de sociedades confirma las diferencias de presión fiscal, pues las empresas de telefonía móvil tributan a unos tipos efectivos muy próximos al nominal de dicho impuesto (35%), en tanto que el tipo medio efectivo de gravamen para el conjunto de contribuyentes (y también, de media en el periodo, para los de los sectores eléctrico y financiero) no llega al 25%.

El informe destaca también que sobre el sector se ciernen otras dos nuevas amenazas. La referida pretensión de los ayuntamientos de liquidar la tasa del 1,5% y la eventual introducción por las comunidades autónomas de tributos de justificación medioambiental siguiendo el ejemplo del impuesto extremeño que grava las actividades de energía eléctrica, telefonía y telemática.

De prosperar, situaría en torno al 45% la ratio resultante de comparar el importe de los tributos con el beneficio bruto.