Inclán sitúa en la desigualdad territorial el punto débil de la asistencia sociosanitaria

El consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, advirtió ayer de que las desigualdades territoriales son la principal debilidad de la asistencia sociosanitaria. "El problema no es que unas instituciones gasten más que otras, sino que un ciudadano cuenta con diferentes servicios con mayor o menor cobertura de las necesidades dependiendo de donde viva", indicó. La forma de acabar con estas desigualdades ocupó la mayor parte del debate sobre el Plan Estratégico de Atención Sociosanitaria para el periodo 2005-2008, que ayer se celebró en el Parlamento de Vitoria.

El plan ha sido elaborado por el Gobierno (departamentos de Sanidad y Asuntos Sociales), las tres diputaciones y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel. Cuando se aprobó, a finales de 2005, el consejero se mostró reticente a enviarlo al Parlamento para su discusión, alegando que no era sólo del Ejecutivo, pero la insistencia de la oposición terminó por llevarlo a la Cámara.

A pesar de que el debate que se vivió por la mañana no pintaba nada bien para el tripartito (EHAK y PSE le anunciaron que en las propuestas de resolución que se iban a votar por la tarde pedirían la retirada del documento), los partidos del Gobierno consiguieron reconducir la oposición. Al final, el PSE se quedó sólo en su rechazo y el PP, EHAK y Aralar transaccionaron varias propuestas con el tripartito. Según la parlamentaria socialista Gemma Zabaleta, el plan aprobado es "una declaración de buenos deseos que no cuenta con proyecto de gestión, ni financiación, ni catálogo de prestaciones". Frente a esta contundente crítica, Inclán resaltó la idea de que "esos buenos deseos" van a terminar por conseguir un sistema unificado, donde todos los usuarios reciban la misma atención, independientemente de donde vivan, y pagando lo mismo. Siempre en función de sus rentas y cuando se trate de un servicio exclusivamente social (como una residencia de ancianos o la ayuda a domicilio).

Entre las enmiendas transaccionadas con el PP destaca la que pide que el plan vasco se adecue a la Ley de Dependencia estatal cuando esta se apruebe, algo que previsiblemente ocurrirá en el primer trimestre del próximo año. La batería de iniciativas de Aralar y EHAK que fueron aprobadas recogen, entre otras cuestiones, la mejora de las condiciones laborales y la capacitación de los trabajadores del sector, y el incremento de recursos económicos destinados a mejorar la calidad de los servicios prestados.

Homogeneizar servicios

El diferente volumen de recursos que pone cada provincia, fundamentalmente las diputaciones, marca la calidad de la atención que se presta a los 300.000 ciudadanos vascos que necesitan ayuda de otra persona para realizar cualquier acto de la vida diaria y al mismo tiempo presentan necesidades sanitarias al padecer alguna enfermedad de carácter crónico. Es lo que se conoce como el espacio sociosanitario. Para terminar con esas desigualdades y homogeneizar los servicios que se prestan, así como la forma de financiación, las instituciones han elaborado el Plan de Atención Sociosanitario para el periodo 2005-2008. Con el plan ya en marcha, uno de los objetivos fundamentales es que la atención a las necesidades sociosanitarias se realicen mediante una planificación conjunta y unificando los mecanismos de valoración y acceso a este tipo de asistencia.

Para conseguir el equilibrio en la oferta de servicios en el conjunto de la comunidad, el plan pretende implantar un único sistema de valoración y derivación de los usuarios en los tres territorios, lo que significa unificar la puerta de entrada a los servicios sociosanitarios. De esta forma, se acabaría con la actual dispersión, que provoca una atención diferenciada en algunos casos. Por ejemplo, puede darse el caso de que un enfermo de Alzheimer sea tratado en una provincia en un hospital psiquiátrico, mientras que en otra esté atendido en una residencia para la tercera edad.

En la actualidad, el porcentaje del producto interior bruto (PIB) dedicado a la protección social en la comunidad autónoma es del 21%, por encima de la media española, pero lejos aún del 30% que, por ejemplo, se gastan los países nórdicos, como Suecia, Noruega y Dinamarca.