El Plan pretende unificar el copago de los usuarios de los servicios sociales

La necesidad de mejorar los sistemas de copago es otro de los objetivos del Plan de Atención Sociosanitaria. Mientras que la atención sanitaria es una prestación universal gratuita y su financiación corre a cargo de las instituciones públicas, la asistencia social se financia por medio de aportaciones públicas y de los usuarios. La idea es conocer el índice de copago real existente en la actualidad, las deficiencias del sistema y mejorar la capacidad de financiación, "garantizando la equidad y la eficiencia" y que el copago por los servicios prestados sea igual en los tres territorios.

El consejero recalcó que la aportación del beneficiario de los servicios sociales debe guardar relación directa con el coste del servicio recibido y con los recursos del usuario. "El copago será siempre inferior al montante de las rentas del usuario, de modo que siempre se garantice un mínimo vital a disposición del beneficiario", explicó Inclán. Los copagos más habituales son por los servicios que prestan las residencias de la tercera edad, los centros de día o la ayuda a domicilio. "Ninguna persona quedará excluida de la prestación del servicio por carecer de recursos económicos", puntualizó el consejero.

Además, Inclán indicó que se establecerán obligaciones económicas a quienes, teniendo patrimonio suficiente, no cubran la totalidad del precio público que se establezca. El ámbito de aplicación de las fórmulas que se aprueben para el cálculo de la aportación será el conjunto de la comunidad autónoma.

EHAK fue el grupo más beligerante con la fórmula del copago y solicitó su retirada. Según EHAK, "al aparecer difuminados" en el concepto de sociosanitario algunos servicios que ahora son atención sanitaria exclusivamente, como salud mental y enfermos terminales, el copago abriría la puerta a la participación del usuario en la financiación de gastos de sanidad.

Entre las propuestas transaccionadas entre PP y tripartito figura una en la que se insta al Gobierno a que regule el espacio sociosanitario en el marco de la nueva Ley de Servicios Sociales, que se remitirá al Parlamento en el plazo de un año, y a acordar en el seno del Consejo Vasco de Finanzas la financiación estable y necesaria para el desarrollo de la atención sociosanitaria.