La Xunta obligará a los ayuntamientos a aportar sus medios en caso de emergencia

Después de un verano en alerta roja, la Xunta se propone derribar todas las barreras burocráticas que ralentizan la reacción ante las emergencias. El borrador de la nueva Ley de Emergencias de Galicia establece la obligación de los ayuntamientos de poner todos sus medios a disposición de las autoridades encargadas de actuar ante un suceso. El texto, que será presentado hoy por el conselleiro de Presidencia a expertos en gestión de riesgos, pretende organizar el dispositivo de manera que el 85% de los gallegos tenga un camión de bomberos en la puerta de su casa en menos de media hora.

La provincia de Lugo, con 360.000 habitantes distribuidos por casi 10.000 kilómetros cuadrados de superficie, sólo cuenta con dos parques de bomberos, uno en la capital y otro en Monforte. Únicamente los residentes en los términos municipales de estos dos equipos contraincendios pueden presumir de que, en caso de necesitarlo, serán atendidos en menos de 20 minutos. El resto de los ayuntamientos están condenados a lidiar con las trabas administrativas que actualmente dificultan la asistencia en caso de que emergencia.

La Consellería de Presidencia prepara una nueva Ley de Emergencias para coordinar e integrar en un sistema único la actuaciòn de los ayuntamientos, las diputaciones y la Xunta a la hora de afrontar incendios, inundaciones y emergencias cotidianas. Según el borrador de la norma, la gestión de estos sucesos y de los medios y servicios para afrontarlos estará en manos de la Agencia Galega de Emerxencias, un organismo de nueva creación que se encargará del funcionamiento del teléfono 112 y de los helicópteros.

La Agencia Galega de Emergencias será la encargada de requerir a los ayuntamientos, diputaciones, consorcios comarcales o incluso entidades privadas los medios que se precisen en un momento dado para resolver una crisis. El nuevo organismo coordinará a todos los servicios que intervegan en una catástrofe y coordinará las actuaciones de la Xunta con las del resto de administraciones.

Si el texto impulsado por el conselleiro José Luis Méndez Romeu sale adelante, los ayuntamientos y diputaciones estarán obligados por ley a poner a disposición de la Xunta sus medios contraincendios y de protección civil cuando ésta lo requiera.

El borrador de la ley que prepara la Consellería de Presidencia establece que las diputaciones provinciales se encargarán de vigilar que a ningún municipio se le nieguen los medios que precise en caso de sufrir un problema.

Sustitución de alcaldes

La norma dota de competencias a los organismos provinciales para "garantizar la prestación del servicio de protección civil y gestión de emergencias, incluidos los servicios contraincendios y de salvamento, en aquellos municipios que no cuenten con servicios propios, por no estar obligados o haber sido dispensados de los mismos".

Y si la función de vigilancia de las diputaciones no es suficiente, el borrador de la ley recoge otra salida. Presidencia pretende dotar a la Xunta de potestad para hacer uso de los medios de emergencias y protección civil de un ayuntamiento en caso de que éste se resista a cederlos. Cuando un municipio se niegue "de manera reiterada" a aportar sus recursos, la Administración autonómica podrá "sustituir" a las entidades locales en su gestión.

El proceso para ejercer la "potestad de sustitución" prevé un plazo de un mes para que el ayuntamiento se defiendan, un periodo que no se respetará "cuando la actuación requerida sea urgente y su no realización pueda poner en peligro a personas, bienes o al medio ambiente, o suponer un agravamiento de la situación de riesgo".

El borrador de la nueva Ley de Emergencias de Galicia obliga a los ayuntamientos y a la Xunta a proporcionar información a los ciudadanos sobre los riesgos que puedan afectarles, sus posibles consecuencias y los medios de los que dispone la Administración para hacerles frente. "Los ciudadanos tienen derecho a una actuación preventiva de los poderes públicos, una respuesta eficaz ante los riesgos y una adecuada protección de su integridad, de los bienes y del entorno", recoge la propuesta de la Consellería de Presidencia.

La Xunta se propone además sancionar con multas de entre 150.000 y 600.000 euros a quienes comuniquen avisos falsos al 112 que den lugar a la movilización de medios técnicos y humanos o que obstaculicen el funcionamiento de esta línea de teléfono. Quienes no alerten a las autoridades de "cualquier circunstancia o incidencia que pueda generar situaciones de emergencia" podrán ser sancionados con el pago de una cantidad que oscilará entre los 6.000 y los 150.000 euros.

La Consellería ha encargado a la empresa Tragsatec la elaboración de un mapa de riesgos de la comunidad gallega que le sirva para mejorar el funcionamiento de los dispositivos de emergencia. El informe pretende localizar las áreas geográficas en las que existe mayor "riesgo potencial de emergencia". Fuentes de la empresa calculan que el estudio, en el que llevan trabajando un año, estará listo en 2007.