Manipulaciones

El truco por excelencia de un prestidigitador consiste, como bien sabido es, en sacar un conejo o una paloma de la chistera. Pues bien, si atendemos a la postura adoptada por el partido popular tras la aprobación por el Congreso de los Diputados del nuevo Estatuto de Andalucía, impresión da que es muy capaz de sacar de la chistera un elefante, al tiempo de demostrar una gran capacidad manipuladora.

No sólo parece que el Estatuto es obra suya en exclusiva -siempre su alto sentido posesorio sale a relucir-, sino que gracias a él el pueblo andaluz tendrá un mayor grado de autonomía. Parecen olvidar los populares que el texto aprobado, con su voto en contra en el Parlamento de Andalucía, no ha experimentado un cambio espectacular en el Congreso, aunque sí modificaciones que sin duda lo enriquecen. No era inconstitucional antes, como no lo es ahora, creciendo mi curiosidad a la espera de que puedan explicar por qué era antes un Estatuto de segunda y ahora, así debe entenderse, lo es de primera categoría.

El mérito del nuevo Estatuto lo tiene en primer lugar la Junta de Andalucía que remite un texto al Parlamento autonómico. Se debe igualmente a los dos grupos que dentro de él lo aprobaron y se debe, claro es, a todos los de la Cámara Baja que dieron su conformidad, incluido el popular, que bienvenido fue al consenso de todo su arco, por lo que todos debemos felicitarnos, evitándose así que, una vez más, se quedara en la más absoluta de las soledades, rompiendo con algo que comenzaba a ser ya una preocupante costumbre, salvo alguna que otra excepción, propio de quien siempre considera estar en posesión de la verdad.

Una vez que el texto sea aprobado por el Senado y, en su caso, nuevamente por el Congreso, faltará únicamente para convertirse en ley en vigor el importante trámite de su aprobación por todos los andaluces y andaluzas mediante referéndum el 25 de febrero próximo. A partir de entonces el gran mérito corresponderá al pueblo andaluz y a todas las fuerzas políticas y en ese sentido ha de dirigirse la campaña previa a ese acontecimiento, salvo los andalucistas, si no cambian su postura. El protagonismo es del pueblo y sólo de él. Los parlamentarios por él elegidos han cumplido, eso sí, muy satisfactoriamente con su obligación.

Al Partido Popular le falta generosidad a la hora de compartir lo que de todos debe ser y humildad para respetar el deseo de la mayoría cuando se está en minoría. Se han aprobado ya varios Estatutos de diferentes Comunidades. España no se ha roto. Numerosos matrimonios se han celebrado entre personas de diferente sexo. La familia y sus valores, que siempre han de protegerse, no se ha roto.

Ni se está rompiendo España por el proceso que no pretende sino poner fin a la violencia y acabar con el terrorismo. No atraviesa por el mejor momento, cierto, pero de no conseguirse el objetivo, que ocurra ello porque lo quiere ETA, pero nunca por culpa de las fuerzas democráticas. Niega el Gobierno de España que se esté negociando con los terroristas, afirmando lo contrario la derecha que debe tener información de primera mano, falsa, de la banda, pues en otro caso no se explica esa postura que en flagrante contradicción está con la que defienden las restantes fuerzas parlamentarias que al Gobierno apoyan, como debe ser en un país democrático que pretende acabar con el terrorismo.

Afirma el Gobierno que se respetarán siempre las reglas propias del Estado de Derecho, contestando la derecha que no se respeta a los jueces. A ver si queda claro lo siguiente. A un juez no se le puede ni se le debe exigir que no cumpla la ley, pero teniendo en cuenta que es titular de un poder que no es suyo sino del Estado, en el momento que se vive sí se le puede exigir flexibilidad en la interpretación de las normas y no olvidar lo dispuesto en el artículo 3 del código civil.

Dígase si esta visión atenta contra la independencia judicial. Ataques a ella fueron los dirigidos al juez Del Olmo, instructor del sumario incoado por el gran atentado del 11-M, de lo que ya se han olvidado los conservadores al haber perdido con claridad esa batalla.

Tampoco se ataca tal independencia si se afirma que iniciar un procedimiento para investigar si el lendakari ha cometido un delito de desobediencia al Tribunal Supremo o admitir a trámite por el mismo motivo la denuncia interpuesta por la derecha -¡qué cosas, señor, qué cosas!- contra Patxi López, acordado ello por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, parece un craso error, como así lo creo. Bien se podía haber archivado de plano tales denuncias. El sentido común nos dice que al final todo quedará en ese archivo de las actuaciones, pues uno tiene derecho a hablar con Otegui o su primo y eso, por sí mismo, no encaja en el Código Penal. Acato, por respeto a la independencia de los jueces, la decisión, pero no la comparto.

Se desgañita el Gobierno afirmando sin cesar que siempre se respetará, defenderá y amparará a las víctimas del terrorismo. Inútil. La derecha se desgañita diciendo nada menos que se insulta a las víctimas. Nadie de buena fe puede decir en Andalucía que los numerosos defensores del orden público andaluces o el matrimonio Becerril o Martín Carpena o Luis Portero o las 900 victimas restantes que fueron asesinadas, sin contar las que resultaron mutiladas a lo largo y ancho del territorio nacional, están siendo insultadas.

La derecha manipula lo que puede a la Asociación de las víctimas, contando con el apoyo impagable de su presidente. El señor Alcaraz cuenta con todo mi respeto y consideración, no menor que el sentido por las demás víctimas. Pero ha de tener en cuenta que no representa a todas ellas, pensando no pocas de muy diferente manera e, igualmente, no ha de ignorar por mucho respeto que su persona merezca, grande es, que no ha sido elegido para dirigir la política nacional de este país, se manifieste o no con el Partido Popular, hágalo o no con algunos obispos que no saben resolver los problemas de la Iglesia, que no son pocos.

Juan José Martínez Zato fue vocal del CGPJ y Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.