La Zona Franca se garantiza el cobro de los pagos de Egerique

La Zona Franca de Vigo se ha garantizado el cobro de los tres millones de euros destinados por el organismo al parque industrial de Salceda de Caselas, como adelanto de una indemnización a dos concesiones mineras en una operación que un informe interno consideró fraudulenta. La operación fue aprobada por el anterior delegado del Estado en el consorcio vigués, Pablo Egerique, del PP, y anulada por su sucesor, Francisco López Peña.

El informe, elaborado por el Departamento de Gestión de Suelo de la Zona Franca, revelaba la autorización de gastos fraudulentos por valor de 25 millones de euros para los parques de Salceda y de Cangas-Bueu, aunque el pago de una parte de esa cantidad en terrenos industriales hubiese elevado el quebranto económico para el organismo a 40 millones de euros. Egerique reafirmó ayer su inocencia. "Mi gestión puede gustar más o menos, pero en ningún momento cometí fraude", aseveró.

Las garantías para la reversión de los tres millones adelantados al propietario de las concesiones mineras, el grupo J. J. Gradín, se produjo con la formalización de una aval por valor de la cantidad que reclama la Zona Franca, del que López Peña dio cuenta al comité ejecutivo del organismo en su reunión del pasado miércoles.

El procedimiento para la recuperación del dinero se produjo tras acordar la Zona Franca resolver el contrato de compensación, después de haber recibido el visto bueno del Consejo de Estado. Para la gestión del cobro, el consorcio firmó un acuerdo con la Agencia Tributaria, que inició un procedimiento de apremio. El empresario recurrió ante la jurisdicción civil, que se inhibió, pero logró en cambio que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia suspendiera la ejecución de la devolución en tanto se resuelvan los contratos, aunque para ello exigió la presentación de los avales ahora formalizados.

Abogacía del Estado

El informe de la Zona Franca, que depende orgánicamente del Ministerio de Economía y Hacienda, revela que el empresario José Jaime Gradín compró por 300.000 euros una de las dos concesiones mineras afectadas por el proyecto, sólo un año antes de que Pablo Egerique se la comprara por cinco millones de euros. Según el estudio del consorcio, de las actuaciones del ex delegado respecto a los dos polígonos industriales se deducen "indicios de maquinación en fraude".

El Ministerio de Economía y Hacienda, mientras, anunció ayer su intención de mantener el procedimiento administrativo para lograr la devolución de los fondos adelantados, y descartó "de momento" emprender acciones por la vía penal contra el anterior delegado del Estado en la Zona Franca. Fuentes del departamento de Pedro Solbes explicaron que la recuperación de los tres millones es "una prioridad" para defender los intereses de la Administración.