Administraciones Públicas obliga al consistorio de Salou a readmitir a un interventor
El Ayuntamiento de Salou, gobernado por Ferran Units per Salou (FUPS) y el PP, tendrá que dar marcha atrás y readmitir al interventor municipal Juan Manuel Hernández. La corporación local elevó al Ministerio de Administraciones Públicas una resolución aprobada en el pleno municipal del pasado septiembre por la que proponía suspender por 21 meses al interventor. La sanción, aprobada por el equipo de gobierno, del que entonces también formaba parte CiU, hubiese comportado la destitución de este funcionario, por ser superior a un año. Hernández había denunciado posibles ilegalidades en la recalificación de terrenos.
La apertura, hace seis meses, de un expediente sancionador contra Hernández se produjo poco después de una reforma del área económica del consistorio, a la que se opuso. Antes de esta reforma, puso en duda la legalidad de proyectos, como el de la concesión a una empresa privada de un geriátrico de 20.000 metros cuadrados de suelo público por un alquiler anual de 9.000 euros durante 75 años. En la adjudicataria figura como socia la esposa del secretario municipal.
Asuntos políticos
Además, el interventor se opuso también a la adjudicación a la empresa Planas del servicio de transportes y de la grúa, al advertir indicios de que no se ajustaba a la ley. El consistorio alegó la injerencia del funcionario en asuntos políticos, así como el malestar que habría creado entre los trabajadores municipales. Sin embargo, el expediente del Ministerio de Administraciones Públicas constata que la gestión de Hernández no ha provocado "enfrentamientos" y que "su permanencia en el cargo no parece que pueda perjudicar" al correcto funcionamiento del Ayuntamiento.
La Administración central considera que, con la reducción del papel del interventor en el área de Hacienda, la función de Hernández "se circunscribe a los límites legales". Por ello, "no se considera procedente" suspender por 21 meses a Hernández. En todo caso, el Ministerio insta al Ayuntamiento a aplicar "su potestad sancionadora", que nunca puede superar una suspensión de un año de empleo y sueldo.
La resolución pone fin a la vía administrativa, aunque el gobierno local puede interponer un recurso de reposición en un plazo de un mes, o un recurso contencioso-administrativo por la vía judicial, en un máximo de dos meses. El portavoz del PSC de Salou, Antoni Banyeres, manifestó ayer su "total respeto por la resolución" y su "alegría" por el hecho de que "una persona no resulte perjudicada".
La Fiscalía sigue investigando la concesión del geriátrico y la presunta ilegalidad en una operación inmobiliaria mediante la cual Esteve Ferran Gombau, concejal de Urbanismo desde 1999 e hijo del acalde, compró una finca en 2000 por 30.000 euros y la vendió en 2004 por 506.000.
