El líder del PP de Castellón no logra recusar al perito que analizará sus bienes para investigar si cometió cohecho

El presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, ha sufrido un nuevo revés judicial. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha desestimado otro de los recursos, y ya son decenas, que ha presentado. Fabra está siendo investigando ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración y un presunto fraude fiscal desde hace casi tres años y todavía no se han podido practicar todas las pruebas solicitadas por el fiscal anticorrupción y la acusación particular, representada por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana.

En este caso, la Audiencia de Castellón deliberó sobre un recurso presentado en abril de 2005, antes de que la Agencia Tributaria presentara su informe sobre la posible comisión de un fraude a la Hacienda Pública por el que la fiscalía presentó denuncia. El fiscal anticorrupción había pedido la designación de un perito, con la cualificación de inspector de Hacienda, para que trabajara en la imputación que entonces pesaba contra Fabra por la posible comisión de uno o varios presuntos delitos contra la Administración Pública, indica un auto remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El objetivo era cruzar los datos fiscales de Fabra con los indicios sobre la mediación que realizó ante los ministerios de Sanidad y Agricultura con el fin de tratar de agilizar la autorización para fabricar productos fitosanitarios de la empresa del entonces su amigo, Vicente Vilar. De esta forma, se podría empezar a dilucidar si había un delito de cohecho.

Fabra alegó contra la designación de este perito porque entonces no lo estaban investigando por fraude fiscal sino por delitos contra la Administración pública y consideraba que no tenía sentido la intervención de un inspector de Hacienda. Sin embargo, apenas un mes después de que presentara este recurso, que ahora ha resuelto la Audiencia de Castellón, sí que se formalizó la denuncia contra él por fraude fiscal, que se investiga de forma conjunta con los posibles delitos contra la Administración pública para esclarecer si los ingresos proceden de un presunto tráfico de influencias.

La Audiencia indica que las pruebas que se han practicado a lo largo de la instrucción "se han centrado en la comprobación de las entregas de dinero denunciadas por el querellante Vicente Vilar, y los flujos económicos entre las empresas vinculadas a éste y las relacionadas con la familia Fabra".