El Supremo confirma tres años de cárcel al ex alcalde de Pego por delito ecológico

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de tres años de prisión impuestas al ex alcalde de Pego (Alicante) Carlos Pascual Sastre y al ex teniente de alcalde José Orihuel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente derivado de los daños ocasionados al marjal de Pego-Oliva, un humedal declarado parque natural protegido en 1994. Se trata de la condena más elevada a cargos públicos por delito ecológico hasta la fecha. El Supremo ha confirmado otra pena de tres años de cárcel, seis en total, al ex alcalde por atentado al director del parque.

El Tribunal Supremo confirma las penas por la Audiencia de Alicante y mantiene la línea doctrinal iniciada con otra sentencia similar por daños ecológicos en el marjal de La Safor.

La sentencia mantiene que el ex alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual y el teniente de alcalde José Orihuel, contrarios a la existencia del parque, se concertaron para realizar actuaciones tendentes a recuperar el cultivo del arroz y lograr así mejores precios para las fincas de particulares existentes en el marjal, ya que la Generalitat valenciana compraba terrenos en esa zona.

Para ello, aprobaron realizar quemas de vegetación, rebajar el nivel de agua de las zonas húmedas y llevar a cabo construcciones de caminos y diques para facilitar el paso de vehículos. Mediante acuerdos municipales aprobaron determinadas obras que se encargaba de contratar y realizar el alcalde, sin licencia de la Consejería de Medio Ambiente.

Pero a partir de noviembre de 1996 se empezaron a detectar movimientos de tierras y ensanche de caminos, canales y acequias, bombeo de aguas, incendios de vegetación, y otras actuaciones que afectaron a una extensión de 600 hectáreas, la mitad del terreno del parque natural, y que causaron la muerte masiva de llisas, anguilas, carpas y peces black-bass que aparecieron flotando sobre las aguas.

Pascual y Orihuel siguieron adelante pese a la prohibición específica del juzgado número 2 de Denia para realizar cualquier trabajo en el marjal, por lo que ambos han sido condenados también a una multa de 4.320 euros por quebrantamiento de medida cautelar.

El 11 de marzo de 1997, cuando el director del parque, Vicente Urios, se encontraba en visita de inspección, Carlos Pascual se puso delante de su vehículo impidiéndole la salida y animando a unos 50 vecinos a que no le dejaran salir. Durante más de una hora, el alcalde provocó un enfrentamiento de la Policía local y los vecinos con agentes de la Guardia Civil. Los daños al espacio protegido han sido valorados en 1,2 millones de euros.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, pone en duda que los acusados pretendiesen mantener el tradicional cultivo del arroz, ya que dicho cultivo "se interrumpió sobre el año 1974".

Por el contrario, entiende el alto tribunal que los acusados "conocían perfectamente la trascendencia ecológica de la zona" y pasando "por encima de la Constitución, las leyes y el deber de preservar el medio ambiente, autorizaron actuaciones que dañaron y destruyeron un amplio espacio que va a ser costos recuperar".

El actual alcalde de Pego, el popular José Carmelo Ortolà, lamentó ayer que la actual corporación tenga que asumir la responsabilidad civil por la gestión de Pascual por importe de 1,2 millones de euros. y cerca de 1,8 millones de deudas por obras municipales, informa Eva Batalla desde Gandía. "Intentaré negociar lo mejor posible para los pegolinos el pago de esta condena", manifestó preocupado Ortolà.