Presupuestos de 2007 y equilibrio territorial

¿Cómo debe repartir un Estado su esfuerzo inversor en el conjunto de su territorio? Ésta es una pregunta sencilla que, desde luego, no tiene una respuesta sencilla.

Habrá personas que opinen que la renta relativa debe ser el principal determinante (inverso), de forma que las inversiones públicas cooperen con los otros mecanismos de redistribución territorial en la disminución de las desigualdades. Otros, por el contrario, opinarán que el principal determinante de dicha inversión debe ser su eficiencia y su capacidad de mejorar la riqueza conjunta, y ese criterio tenderá a ser contrapuesto al anterior, en la medida en que las mejores oportunidades de inversión tiendan a localizarse en las zonas más desarrolladas. Por supuesto, habrá también quienes aseguren que hay otras variables de tipo geográfico más importantes, como densidad de población, dispersión, o características físicas que encarecen las obras. Por último, quedará un grupo no desdeñable de personas que sostendrán que este tipo de cálculos tiene poco sentido, porque las inversiones que interesan a una región están con frecuencia en otra: por ejemplo, la mayor parte del AVE Madrid-Valencia discurre fuera de ambas comunidades, de forma que a pesar de que ellas serán sus principales usuarias, el coste de la obra no se carga en sus respectivas cuentas.

En los Presupuestos de los Gobiernos del PP había más inversión para las regiones más ricas

Todos los planteamientos anteriores pueden tener una parte de razón, y de alguna forma se han utilizado para otros debates como el concerniente a la financiación autonómica. El motivo de que ahora replanteemos esta cuestión es la dureza de las críticas del PP al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007. Según ellos, estos Presupuestos son poco menos que el eslabón perdido de la ruptura de España, al consagrar la quiebra de la cohesión territorial en aras de la aprobación del Estatuto catalán. Los ciudadanos hace tiempo que se han inmunizado ante este alarmismo histérico que continuamente se desacredita a sí mismo, pero parece lógico dejar a un lado esas formas y mirar con un poco de serenidad las cifras para ver qué hay de verdad en el fondo de sus críticas.

Para avanzar en el análisis de la relación entre inversión territorial del Estado y renta relativa propongo un ejercicio sencillo, con sus ventajas (claridad) y desventajas (falta de rigor técnico). El Ministerio de Hacienda (www.meh.es) facilita la regionalización de la inversión presupuestada desde 1998 hasta el actual proyecto de PGE, de forma que podemos calcular la inversión total por habitante en los presupuestos aprobados por Gobiernos del PP y en los tres del actual Gobierno socialista (tomamos la población inicial de cada periodo). A continuación podemos relacionarla con los niveles de renta relativa de dicho año inicial, tal y como se muestra en los gráficos adjuntos, donde los 19 puntos representan las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla.

Los gráficos obtenidos tienen una interpretación clara: en los Presupuestos de este Gobierno la inversión estatal tiene un claro componente redistributivo que no existía bajo el Gobierno del PP. Podemos incluso cuantificar esa relación: un 1% menos de renta respecto a la media española ha venido implicando en los Presupuestos del Gobierno de Zapatero un 1,1% más de inversión por habitante, de forma que este mecanismo ha venido a impulsar al resto de mecanismos existentes de cohesión territorial. Este efecto se mantiene exactamente en los mismos términos si consideramos sólo el proyecto de Presupuestos para 2007 presentado esta semana. Por el contrario, en los Presupuestos que van desde 1998 hasta 2004 este efecto no es significativo, e incluso existe una débil relación positiva (más inversión a las regiones más ricas).

El ejercicio propuesto se puede enriquecer con otras consideraciones sin duda relevantes, porque la renta relativa no es ni puede ser el único determinante de la inversión del Estado cada año, pero en cualquier caso deja en evidencia a los que desde la más absoluta irresponsabilidad intentan enfrentar a los españoles.

Por tanto, el Presupuesto para 2007 cumple con lo establecido en el Estatuto de Cataluña, con relación al volumen de infraestructuras a invertir en dicha comunidad en función de su peso en la riqueza del conjunto del Estado, así como con la cohesión social y territorial.

Pedro Saura García es portavoz de Presupuestos del Grupo Socialista y diputado por la región de Murcia.