El Consejo Vasco de la Abogacía exige asistencia para los extranjeros en la frontera

El Consejo Vasco de la Abogacía reclamó ayer a la Administración central que facilite asistencia letrada e intérprete en la frontera a los extranjeros a los que se les deniega la entrada en España desde Francia. El comportamiento contrario, según aseguró, resulta "totalmente inaceptable", ya que "vulnera tanto la legislación española como la europea, desconociendo el derecho fundamental de defensa".

El Consejo, principal órgano de representación profesional de los letrados, defendió en un comunicado que la reciente modificación del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Extranjería sobre derechos y libertades de los extranjeros en España "refuerza la prescripción legal de la obligación del derecho de asistencia letrada en las fronteras interiores" de la Unión Europea.

Esta asistencia letrada, sin embargo, no se está ofreciendo en el paso fronterizo de Irún, según vienen poniendo de relieve tanto el propio Consejo como el Colegio de Abogados de Guipúzcoa. El Consejo sostiene en su nota de prensa que la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Irún "está impidiendo de facto" dicha asistencia letrada. Detalla que en el momento en que se deniega al ciudadano extranjero la entrada en territorio español desde Francia "no interviene intérprete alguno ni se le entrega al interesado una resolución motivada escrita". Añade que, en ocasiones, los funcionarios se limitan a entregar "una simple nota que remite a los extranjeros disconformes con la denegación de entrada a presentar alegaciones ante los consulados de España en el extranjero".

"Un ilícito inaceptable"

El Consejo subraya que la vulneración del derecho fundamental a la asistencia letrada constituye "un ilícito inaceptable en un Estado de Derecho, contrario a la normativa comunitaria y a la legislación estatal de extranjería". Y recuerda que así lo pone de manifiesto tanto un informe de la Abogacía General del Estado fechado en mayo de 2005 como las decisiones de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián.

Resalta además que la vulneración del derecho a la asistencia letrada denunciada se recoge también en un informe elaborado por el Colegio de Abogados de Figueres (Girona), el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña y el Consejo General de la Abogacía Española, que fue presentado el pasado mes de mayo en las Primeras Jornadas Transpirenaicas celebradas en la citada localidad gerundense.

[El Departamento de Asuntos Sociales ha destinado este año casi 850.000 euros al Servicio de Atención Jurídico-Social a Personas Inmigrantes, Heldu. El presupuesto conveniado con el Colegio de Abogados de Vizcaya asciende a 377.365 euros, el acordado con Guipúzcoa, a 237.122, y con Álava, a 233.518, según detalla en una respuesta al PSE].