Pisos, fiscalidad, y otras cuitas

El traído, llevado y mareado tema de la vivienda, rebota insistentemente en la prensa y en los debates políticos -¿quién va antes de quién?- con la supuesta justificación del hondo calado social de la cuestión; hasta el punto de que ya oímos exageraciones tales como que hay que equiparar los recursos públicos destinados a la vivienda a los de otros servicios sociales. La vivienda es un derecho constitucional, conforme, pero un servicio social...

La nueva moda es que la panacea al supuesto problema de la vivienda es la fiscalidad, ignorando que ésta supone una puntual técnica de castigo o premio impositiva, limitada en su capacidad de redistribución de riqueza por razones de su trascendencia matemática y, cómo no, por las intenciones políticas de quien la aplica.

¿Vamos a creernos que 80 metros útiles limitados por cuatro paredes valen 100 millones de los de antes?

La política de vivienda debe ser para quienes necesitan protección; para el resto lo que se requiere es sólo gestión

Quizás haya que recordar algunas conclusiones de las políticas fiscales que vienen a demostrar su limitación. Víctor García-Vaquero y Jorge Martínez, en su trabajo Fiscalidad de la Vivienda en España, realizado hace un año para el BDE, exponen con rotundidad que la evolución de la "cuña fiscal" de la vivienda (impuestos menos subvenciones tratados actuarialmente durante los últimos 20 años), ha venido suponiendo una subvención neta y, por tanto, un incentivo a la demanda de viviendas. Su importe en valor real ha tendido a disminuir con las reformas fiscales de 1992, 1999 y 2003; ha priorizado la vivienda en propiedad de primera residencia por encima de la inversión para alquilar y la segunda residencia, y su trascendencia en el boom inmobiliario es marginal comparada con la reducción de los tipos de interés hipotecarios desde el 12% al 3,5%, o a la crisis de la Bolsa, que trasladó ingentes volúmenes inversores hacia el ladrillo, hacia ese ente físico real que aquí por algo se le llamó "bienes raíces".

Pues bien, en este país a todo quisque se le llena la boca reivindicando ante su ayuntamiento o el Gobierno vasco un piso protegido para su hijo o hija, y al día siguiente no le duelen prendas en confesar que la vieja casa familiar la vendió multiplicando por cinco su precio original. En este país digo, muchos especulan, además, intelectualmente:

-¿Las subvenciones fiscales son un ahorro real al comprador, o el vendedor ha conseguido apropiárselas merced a la subida de precios? Respuesta: las políticas fiscales se cambian o adaptan a medida que dejan de servir, si interesa al que manda.

-Mi piso vale mucho menos que el de mi vecino, y como quitaron el gravamen en el IRPF, pues no me hablo con mi vecino. ¿Y? ¿Quién quitó aquel trascendente 2%? Pues eso, si en ello le van sus relaciones sociales, vote usted a quien vuelva a ponerlo.

-Impuestos a los pisos vacíos, a la pareja que no ocupe el nuevo VPO antes de ponerse a procrear, etc. Estos datos no les suelen gustar a los actuales responsables del Departamento de Vivienda de Vitoria-Gasteiz, pero, en el ámbito metropolitano de Barcelona, un análisis de hace un par de años llevado a cabo por la consejería homóloga de la Generalitat ha venido a demostrar que los pisos realmente vacíos, descontados los que aún no tienen escrituras, los pendientes de segundas ventas, los que tienen usos como oficinas, etc., suponen una cifra ridícula. O sea, que los 3.000 pisos que Vivienda dice que ha recuperado para el mercado a través del programa Bizigune tienen su mérito, y alguien hasta podía discutirles si vale la pena el esfuerzo.

-Y el famoso alquiler. Uno, que tiene relación con algunas y diversas políticas públicas de vivienda, ha visto literalmente pelearse a dos personas por una vivienda en propiedad, y también silbar al aire cuando se pregunta quién la quiere en alquiler. Los bienes raíces de nuevo, o aquello de que la hipoteca cuesta lo mismo que el alquiler, aunque suba la hipoteca.

Es cierto que la Administración tiene la obligación de hacer política de vivienda, pero no acabo de ver esa relación tan clara con Hacienda. O, en todo caso, no pretendamos que un funcionario de Hacienda, con un bolígrafo en la mano, construya una nave espacial. Además, cuando no es un tipo que caiga muy simpático en general y al consejero Madrazo en particular, que vaya desmarque el suyo con esa lindeza de los bomberos pirómanos en las Haciendas forales.

El eterno recurso a los presupuestos públicos, a tirar de la máquina de hacer dinero o a endeudar al ciudadano y al país hasta las cejas, tiene un límite que los argentinos aprendieron en carne propia. Afortunadamente, no estamos en lo mismo, pero también a veces esto parece jauja y vamos a creernos todos que los 80 metros cuadrados útiles que limitan cuatro paredes valen 100 millones de los de antes. ¡Pero si construirlo de "alto standing", como dicen las publicidades tontas, no cuesta mas allá de 25 millones en ningún caso! ¿El propietario del suelo es el especulador? ¿El arquitecto, que nos vende infografías de proyectos virtuales tan siliconados como las chicas del Playboy? ¿El promotor, que nos hace el timo de la estampita de acuerdo con la inmobiliaria? ¿El contratista, que siempre pierde dinero en las obras y por eso ahora compra eléctricas? ¿El banco, cuyo índice anual de beneficios supera el 150% respecto al año anterior? ¿La Administración, que con su cuota del 7% de IVA, 0,5% de Actos Jurídicos, 5% de licencia de obras, no menos de un 12% medio de plusvalía y, pongamos, un 2% de IBI, cuadra las cuentas que no le salen con los impuestos al carburante? ¿O el particular, que sueña que sale petróleo de la taza del WC de su casa, y diamantes si el piso tiene dos baños?

Es cierto que la Administración tiene la obligación de hacer política de vivienda, pero no porque la vivienda tenga problema alguno, ¡si es el maná de nuestra economía! Los nórdicos fabrican e inventan; los estadounidenses hacen guerras y software, y nos cobran por ello. Nosotros, a lo nuestro: el pisito protegido para los hijos, cuyo único y real problema es que tienen 20 años pero ya están apuntados en Etxebide o en el ayuntamiento, haciendo cola hasta que les toque el chollo. Y mientras tanto hay un 7% de la población, al menos, en el umbral de la pobreza.

Es cierto que la Administración tiene la obligación de hacer política de vivienda, pero para las personas que necesitan protección. Más gestión cierta, señores responsables en Gobierno vasco, menos echar balones fuera, y menos autobombo. En esta materia no vale buscar culpables fuera y mirar a Madrid. Hay personas que debieran estar en protección oficial, y a ellas habría que dirigir el esfuerzo, difícil y presupuestariamente complicado, de destinar recursos directos, y apalancarlos durante años con políticas de alquiler, enmarcándolos en una política social más amplia que permita reintegrar a tales personas a la sociedad en condiciones de equiparación.

El resto se llama gestión eficaz, redactando planeamiento urbanístico y poniendo suelo real en el mercado, urbanizado, disponible, dejando que el mercado funcione para la vivienda libre. Y también, gestionando con transparencia desde los Ayuntamientos, con Diputaciones y Gobierno, promociones de vivienda pública que se autoalimentan presupuestariamente, y que llevarán las medidas de protección fiscal que correspondan a sus compradores, no a la vivienda, que a ésta ni falta que le hace.

Javier A. Muñoz es arquitecto.