El tripartito elude finalmente realizar un llamamiento institucional en apoyo a Ibarretxe
Convoca a sus electos en Gernika y considera los procesamientos un "desafortunado error"
Los tres partidos del Gobierno concretaron ayer finalmente el modo en que mostrarán su respaldo al lehendakari tras su imputación por el Tribunal Superior de Justicia. Lo harán en una concentración de cargos públicos que fue convocado ayer, en su "calidad de electos", por Izaskun Bilbao, Ana Madariaga, Leire Ereño y Karmelo Sáinz de la Maza, y que se celebrará el sábado en Gernika. El tripartito ha encontrado el acuerdo en esta fórmula, bajo el lema genérico de "Comprometidos con la acción política para la búsqueda de la paz y la normalización".
El Gobierno y los grupos que lo apoyan han hecho una medición cuidadosa del calibre de su respuesta a la acción de los tribunales contra el lehendakari por reunirse con Batasuna y han huido finalmente de una convocatoria de corte institucional que habría ahondado en el enfrentamiento entre poderes e incluso creado divisiones en el seno de éstos. Así, ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni las diputaciones y las Juntas Generales, ni siquiera Eudel como tal, se han implicado en la convocatoria a los electos de las tres formaciones para el sábado, en la Casa de Juntas de Gernika.
El manifiesto hecho público ayer ni siquiera menciona al lehendakari expresamente y advierte que no se quiere caer "en la dinámica de aquéllos que pretenden contribuir a la crispación y al cierre de todas las esperanzas".
Los cuatro convocantes comparecieron, según reza explícitamente el texto leído, "en su calidad de electos" y pusieron especial cuidado en no implicar a las instituciones en las que ejercen sus cargos. Karmelo Sáinz de la Maza afirmó encontrarse en el acto en su condición de alcalde de Leioa y no de presidente de Eudel, en cuya sede se celebró la presentación, en la que no admitieron preguntas.
El tripartito ha barajado otras fórmulas, desde las que habrían dejado el llamamiento en manos de los partidos, hasta las que buscaban una mayor implicación institucional. El viernes pasado decidieron depositar en la presidenta del Parlamento, Izaskun Bilbao, las gestiones. Bilbao se puso en contacto con las presidentas de las Juntas Generales, pero la responsable de las alavesas, la socialista María Teresa Rodríguez Barahona, le transmitió su visión sobre la inconveniencia de implicar a las instituciones en un acto de este tipo en el momento que atraviesa el proceso de paz. A su entender, podría dar lugar a confusiones y desviar la mirada de la opinión pública del, según la presidenta de las Juntas alavesas, auténtico responsable de la crisis del proceso: ETA.
El tripartito no ha querido renunciar al acto, pero lo aborda con pies de plomo. Además de no citar expresamente ni a Ibarretxe ni a los miembros de la anterior Mesa del Parlamento, cuya absolución anuló el Tribunal Supremo, pone por delante la exigencia a ETA de que abandone definitivamente las armas y el compromiso de los convocantes con las decisiones institucionales en favor de la paz, entre las que menciona las resoluciones de las instituciones vascas, del Congreso y el Senado y del Parlamento Europeo.
El comunicado de llamamiento a los electos de los tres partidos del Gobierno, -alcaldes y concejales, miembros de las Juntas Generales, parlamentarios autonómicos, diputados, senadores y europarlamentarios- exige el fin de las actuaciones violentas recrudecidas en las últimas fechas.
Quienes insisten en la agresión o la intimidación a cargos y formaciones políticas "se enfrentan a la esperanza, las aspiraciones y la voluntad decidida de los ciudadanos y ciudadanas vascas", afirma.
El llamamiento deja para su tercer punto la referencia al encausamiento judicial de responsables políticos y lo hace de un modo genérico, refiriéndose a "las acciones penales contra las instituciones democráticas vascas y sus representantes". "Consideramos estos procesamientos un desafortunado e incomprensible error que introduce graves disfunciones y amenazas en los mecanismos fundamentales de un sistema democrático mínimamente homologable y de un estado de derecho sanamente entendido", concluye.
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