Una promotora vinculada a San Román vende pisos protegidos más caros de lo permitido

Bitango, una promotora inmobiliaria vinculada al grupo San Román, está vendiendo pisos de protección pública en el suroeste de la región a un precio muy superior al que permite la ley. La promotora está pidiendo por viviendas que no pueden costar más de 100.000 euros hasta 180.000. Sus responsables reconocen que están cobrando un sobreprecio en pisos de protección pública y se excusan en que así lo han avisado en el contrato. El Gobierno regional advierte de que la práctica es ilegal y una asociación de compradores cifra en 2.500 el número de afectados por el sobreprecio establecido por Bitango.

Manuel (nombre ficticio) y su novia se están comprando en la localidad de Valdemoro un piso de protección pública gestionado por la promotora Bitango. La vivienda, que está a punto de terminarse, medirá 90 metros cuadrados y tendrá trastero y garaje. Por ley, el precio de este piso protegido no puede superar los 100.000 euros; pero su precio final será, según marca el contrato de compraventa firmado entre la pareja y la promotora Bitango, de 144.985 euros.

Bitango está cobrando sobreprecios por viviendas de protección pública, práctica ilegal. La Comunidad de Madrid establece que un piso como el que se han comprado Manuel y su novia no puede superar los 100.000 euros, según explicaron ayer fuentes de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Cuando Manuel y su novia empezaron a comprarse el piso, hace dos años, el módulo de vivienda pública establecía que el precio del metro cuadrado no podía superar los 1.000 euros. "Cuando nos compramos la vivienda la promotora no nos informó de que era de protección oficial; creíamos que era un piso de vivienda libre", explica Manuel.

"En Bitango nos han dicho que el sobreprecio que hemos pagado de 44.000 euros es en concepto de mejoras", agregó. Algunos de los afectados aseguran además que han escriturado con Bitango por el precio que en realidad cuestan sus viviendas (por ejemplo, 100.000 euros), aunque luego han tenido que pagar al menos 44.000 euros de más. El banco con el que tienen que firmar la hipoteca les ha advertido que ésta no puede superar el precio de la vivienda protegida.

El caso de Manuel y su novia se repite en varias promociones de Bitango en municipios del suroeste de la región, como Móstoles, Fuenlabrada o Arroyomolinos. La página web www.afectadosbitango.com asegura que hay al menos 2.500 familias en la región que han pagado a Bitango un sobreprecio por sus pisos de protección pública y habla de "contratos con ciertos tintes rozando la ilegalidad".

El abogado Andrés Vilacoba, de Adeprovi (Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda) lleva además la denuncia contra Bitango "por 40 familias de una promoción Móstoles que también han pagado sobreprecio por sus pisos". Muchos afectados no se atreven a denunciar por miedo a perder finalmente la vivienda, así que los abogados suelen esperar a que estén las promociones terminadas para interponer las denuncias.

Este periódico comprobó ayer además cómo en el teléfono de información de Bitango un comercial pedía por un piso "de protección oficial" dos habitaciones, garaje y trastero en Fuenlabrada 180.000 euros, 80.000 euros por encima de lo que establece la ley. El precio medio de un piso de renta libre de similares características en esa localidad es de 278.000 euros.

Bitango es propiedad del empresario Jesús Rey Martínez y vende sus pisos a través de dos inmobiliarias: Casmar y Promovid. Además, Bitango está vinculada con el Grupo San Román (empresa del promotor inmobiliario Fidel San Román, encarcelado y ahora en libertad provisional por su relación con pagos ilegales en el Ayuntamiento de Marbella a cambio de licencias). En el organigrama de la promotora Bitango figuran los apoderados de la mayoría de sociedades de San Román.

El responsable de mercadotecnia de Bitango, Ramiro Sánchez, reconoció ayer que la promotora está pidiendo un sobreprecio por las viviendas de protección pública. "Pero lo avisamos en el contrato, desde el primer momento. El precio del módulo de protección oficial es irreal, con ese dinero no se puede pagar la construcción de las viviendas y eso lo saben en la Comunidad de Madrid y también los compradores", aseguró Ramiro Sánchez.

Muchos de los compradores han denunciado que cuando fueron a comprar el piso a Bitango nadie les informó de que era protegido. "Eso no es cierto, desde un primer momento y en el contrato especificamos que el piso es de protección oficial", aseguró Sánchez. "No ponemos a nadie una pistola para que se compre un piso; los compradores conocen las condiciones en las que vendemos nuestros pisos", concluyeron desde Bitango.