La defensa del ex delegado de Zona Franca alega que el dinero pasaba por otras manos

El ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro (PP), condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar 208.362'59 euros por gastos injustificados durante su gestión, recurrirá la sentencia. Así lo anunció ayer su abogado, José Antonio Bosch, quien mantiene que los hechos que se le imputan a su cliente ya han prescrito y que la responsabilidad del control del dinero del recinto fiscal no dependía sólo de su máximo responsable, sino también de un grupo de asesores, auditores y contables que "nunca advirtió de que se estaban cometiendo irregularidades".

Rodríguez de Castro, en la primera condena por las irregularidades detectadas en la Zona Franca durante la etapa del PP, es considerado por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas responsable contable directo de los gastos sin justificar durante los años 1997 y 2000, fundamentalmente, viajes, contratos de personal independiente o dinero de tarjetas de crédito. En el propio fallo, se hace mención directa a dos de los argumentos utilizados por la defensa. Rechaza que los hechos hayan prescrito porque al ex delegado se le notificó en tiempo la investigación abierta sobre los gastos sin justificar y no se atiende la situación de indefensión aducida por el ex delegado, quien mantiene que no pudo tener acceso a la documentación exigida para rebatir las acusaciones contra él.

A pesar de ello, el letrado José Antonio Bosch, quien recibió ayer la sentencia, anunció que el recurso se basará en esos dos principales argumentos, la prescripción de los hechos y la indefensión, además de la existencia de más responsables del control del dinero. "Estamos en discrepancia con el fallo. Existe una valoración desafortunada del Tribunal", aseguró.

Bosch defiende que el dinero de la Zona Franca debe tener el mismo tratamiento que el dinero fiscal, por ejemplo, los impuestos. En este caso, los gastos dejan de ser perseguibles a los cuatro años de haberse realizado, salvo que sea notificado al afectado la apertura de un procedimiento. El abogado mantiene, por tanto, que algunas de las cantidades achacadas a su cliente han prescrito porque a Rodríguez de Castro, según sus cuentas, no le fue notificada la investigación hasta 2005. La sentencia, en cambio, refleja que el ex delegado fue informado en 2001.

El abogado lamenta además la "imposibilidad" de su cliente para acceder a la documentación con la que se podría haber defendido. "No hemos podido argumentar nada en contra. Con independencia de si los gastos eran irregulares o no, no podíamos demostrar si existía factura o no", justificó Bosch, quien recordó que Rodríguez de Castro denunció en su día un hurto en su mesa de Zona Franca, de donde se habría sustraído toda la documentación que tenía.

El abogado, además, arremete contra el grupo de técnicos que rodeaba al ex delegado. "Entendemos que no pueden quedar exentos todos aquellos asesores, auditores o contables que aceptaron los apuntes y nunca advirtieron de que se estaban produciendo irregularidades". Añadió que le cuesta pensar que Rodríguez de Castro "controlara solo la caja, los apuntes, la contabilidad y llevara los libros". En su opinión, "alguien más compartía si no la decisión, si el desarrollo de las decisiones" de su cliente a la hora de gastar el dinero de la Zona Franca.