El Tribunal de Cuentas condena al delegado de la Zona Franca a devolver 208.000 euros

El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex delegado del PP en la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro a devolver 208.362,59 euros que gastó sin justificar durante su etapa al frente de este organismo entre 1996 y 2001. Es la primera condena que se produce por las irregularidades detectadas durante la gestión del PP en el recinto fiscal gaditano. El PSOE exigió ayer que la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, asuma responsabilidades políticas y pida disculpas públicas por este caso. Rodríguez de Castro tiene otras causas pendientes en los juzgados.

Según la sentencia, ha quedado demostrado que Rodríguez de Castro empleó sin justificar 100.885,39 euros por contratación de profesionales independientes; 26.117,11 euros por facturas de agencias de viajes, 43.463,06 euros por liquidaciones de tarjetas de crédito; 33.589,96 euros por gastos compensados por la Zona Franca que previamente él había abonado, y 4.307,07 euros, por recibir un finiquito que la ley le impedía cobrar. El total, 208.362,59, está lejos de los 523.265,05 euros, que solicitaba en un principio la Abogacía del Estado. El Tribunal de Cuentas sostiene que Rodríguez de Castro sí ha podido justificar la diferencia entre esas dos cantidades.

En particular, la sentencia hace mención a un contrato con fecha de 16 de octubre de 1996 para la prestación de "un servicio de administración de actividades del Consorcio que necesariamente deban desarrollarse en Madrid". Ese contrato hasta el año 2000 supuso 145.023,72 euros, de los que no se justificaron 100.885,39 euros. Se trata de un contrato para la sociedad informática Rilco, que la Zona Franca creó en febrero de 2000 a instancia del propio Rodríguez de Castro.

En el apartado de viajes, se detallan los continuos desplazamientos que realizó el ex delegado por todo el mundo, supuestamente, para promocionar el recinto fiscal gaditano. Se citan viajes a Madrid, Lima (Perú), Miami y Panamá. Además, Rodríguez de Castro pagó con su tarjeta de crédito cinco viajes al extranjero que después le compensó la Zona Franca. Entre ellos, uno a China en julio de 2000 con facturas de alojamiento en tres hoteles, por 1.468,96 euros, y cargos en esos hoteles de 2.234,08 euros más por servicios no identificados.

Gastos de tarjetas

La principal diferencia entre lo que solicitaba la Abogacía del Estado y lo que estima el Tribunal de Cuentas está en el apartado de gastos con las tarjetas de crédito del Consorcio en restaurantes y viajes. La Abogacía había valorado esas cantidades sin justificar 320.800,05 euros, que la sentencia reduce a 43.463,06.

La sentencia considera a Manuel Rodríguez de Castro responsable contable directo de los gastos sin justificar en la Zona Franca y le obliga a indemnizar al recinto fiscal con 208.362,59 euros, a los que habrá que sumar los intereses y las costas del proceso. Independientemente, el propio Tribunal se reserva su derecho a iniciar un procedimiento civil o penal por estas irregularidades. El fallo, con fecha del 7 de noviembre, no es firme. Las partes pueden presentar recurso de apelación en el plazo de 15 días desde su notificación.

Tras a dar a conocer este fallo judicial, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y diputado en el Congreso, Rafael Román, consideró probado que en la Zona Franca ha habido corrupción. "No estamos hablando de presunta corrupción. Aquí ya hay una sentencia y se puede hablar de corrupción". A su juicio, esta primera resolución judicial contra Rodríguez de Castro da la razón a los que, en su día, denunciaron "la política de lujo y boato que promovía el PP" al frente del recinto fiscal.

"Entonces nos llamaban catetos por criticar esas formas de utilizar el dinero público", dijo Román, quien exigió responsabilidades a Teófila Martínez "por ser una de las impulsoras políticas" de la contratación de Rodríguez de Castro y le reclamó que pidiera disculpas públicas. La alcaldesa gaditana rehusó ayer pronunciarse sobre esta sentencia, al asegurar que desconocía su contenido, a pesar de ser la presidenta del Consorcio de la Zona Franca.

Por su parte, el teniente alcalde y consejero municipal en la Zona Franca, Ignacio Romaní, aseguró ayer que fue el PP quien pidió al Tribunal de Cuentas que investigara la gestión de Rodríguez de Castro, y aseguró que la sentencia demuestra que lo que se le imputaba hacía referencia "al ámbito de la responsabilidad personal, que nada tiene que ver con los asuntos abordados para el control de la Zona Franca en el Pleno y en el Comité Ejecutivo".