La policía se acerca a Tony Blair

Dicen que Tony Blair sólo piensa en una cosa últimamente: cómo evitar que la policía se presente uno de estos días en Downing Street para interrogarle por el escándalo de la venta de distinciones, como el título de lord, a los ricos donantes del Partido Laborista. No mucha gente cree en el Reino Unido que la policía pueda probar gran cosa en un escándalo que afecta casi tanto a la oposición conservadora como al Gobierno, pero la investigación, lenta y opaca, se ha ido abriendo paso y está a punto de llegar a la cima: el primer ministro del Reino Unido.

Esta semana se ha sabido que todos los ministros que estaban en el Gobierno durante la campaña electoral de las últimas legislativas, en la primavera de 2005, han recibido cartas de la policía pidiéndoles que declaren por escrito todo lo que saben sobre los préstamos secretos con los que se financió esa campaña y la presunta venta de títulos honoríficos a algunos multimillonarios que hicieron esos o anteriores préstamos o donaciones.

Muchos piden al fiscal general que se abstenga de intervenir por su cercanía a Tony Blair

El Gobierno teme que los agentes vayan a Downing Street a interrogar al primer ministro

Uno de los altos cargos laboristas contactados por la policía es el ex ministro Alan Milburn, que ya entonces no tenía ninguna cartera, pero fue el organizador de esa campaña, hasta que las malas perspectivas electorales obligaron a Blair a echar mano de su rival, Gordon Brown. Milburn no ha sido invitado a declarar por escrito, sino que ha sido interrogado personalmente, aunque en calidad de testigo y no de sospechoso.

La decisión de la policía de contactar con todo el Gobierno menos con el primer ministro ha sido interpretada como una señal de que los investigadores están maniobrando para dar el último salto: convertir a Blair en el primer jefe del Gobierno británico que es interrogado estando en activo por un caso de presunta corrupción en los últimos 70 años.

"El primer ministro y sus asesores están preocupados por la perspectiva de ver a la policía cruzando el umbral de Downing Street bajo el resplandor de las cámaras de televisión retransmitiendo las imágenes a todo el mundo", afirmaba estos días el diario The Daily Telegraph. El periódico citaba a una fuente anónima de la Administración, que describía el estado de ánimo de Downing Street en términos caóticos: "Están literalmente deshechos por este asunto. Es uno de los pocos temas en los que los asesores de Blair pueden centrarse. Está por encima de todo lo demás. No saben cuáles pueden ser las consecuencias. La última cosa que quieren en estos momentos es a la policía acercándose por allí para tener una pequeña charla. No van a dejar que eso ocurra".

Una de las maneras de evitarlo es trasladando la cita policial a la oficina del primer ministro en los Comunes o, mejor aún, a la residencia de fin de semana de Blair en Chequers. De imposible acceso para la prensa y rodeada por enormes jardines, Chequers no dejaría ver más que a una comitiva de coches cruzando la verja de acceso. La otra manera de evitar la humillación es retrasándola hasta que Blair haya dejado de ser primer ministro. Eso es lo que va a ocurrir, según The Daily Mail.

El mismo día que la prensa coincidía en que el interrogatorio policial a Blair está muy cerca, el Mail apuntaba en dirección contraria y sostenía que la policía no va a acabar su investigación antes de Navidad, como se esperaba -el plazo inicial era a finales de octubre, pero se prolongó dos meses por la escasa colaboración de las personas llamadas a declarar- y que ahora ya no hay fecha final, por lo que el primer ministro en ningún caso sería acusado o procesado mientras estuviera en el cargo. Está por ver si será o no interrogado para que explique lo que sabe.

La decisión de pedir o no el procesamiento de Blair -o de cualquier otro sospechoso en el caso- está en manos de la Fiscalía de la Corona. El fiscal general, lord Goldsmith, no tiene por qué ser consultado por la fiscalía, pero siempre tiene el poder de decidir si paraliza el asunto con el argumento de que no es del interés público proseguir con las investigaciones. Muchas voces se han alzado pidiendo a lord Goldsmith que se abstenga de intervenir por manifiesta incompatibilidad personal: no sólo ejerce un cargo para el que ha sido nombrado por el primer ministro, sino que ha sido el propio Blair el que le agració en su día con el título de lord. El jefe de Scotland Yard, Ian Blair, ha delegado todas las investigaciones en sus subordinados por considerarse juez y parte por su cercanía al primer ministro. Lo mismo ha hecho el director de Enjuiciamiento Público, Ken Macdonald, que compartió despacho profesional con Cherie Booth, la esposa de Blair.

Pero Goldsmith asegura que no puede inhibirse por razones constitucionales y sólo se ha comprometido a pedir y acatar un dictamen independiente si tiene que intervenir. Los argumentos legales de Goldsmith han sido rechazados por la oposición, que ha recordado que hay al menos un precedente de fiscal general que se inhibió por considerarse incompatible: Sam Silkin, fiscal general laborista en los años setenta, se abstuvo de intervenir en la decisión de procesar o no a Jeremy Thorpe, antiguo líder liberal cuando los laboristas negociaban un acuerdo de cooperación política con los liberales.

El prestigio de Goldsmith quedó malparado a propósito de la guerra de Irak por, según sus críticos, modificar su dictamen inicial de que la invasión sería ilegal si no había una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sancionándola explícitamente. Su dictamen final se acomodó a las necesidades del primer ministro.