El juez libera a otros nueve joyeros de Córdoba acusados de fraude fiscal

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Córdoba, José Yarza, decretó ayer la puesta en libertad con cargos de nueve de los catorce joyeros detenidos en la ciudad califal dentro de la operación Fénix contra el fraude fiscal. Todos habían pasado a disposición judicial el viernes, acusados de delitos contra la hacienda pública, delito fiscal y blanqueo de capitales. La trama, con ramificaciones en Barcelona, Jaén y Málaga, defraudó supuestamente 154 millones.

Esta cantidad corresponde a la primera estimación realizada por la Agencia Tributaria. Fuentes de la investigación sostienen, por su parte, que el agujero que la red de venta clandestina de oro a mayoristas generó en las arcas públicas asciende a cerca de 300 millones de euros entre 2003 y 2005.

Siete de los nueve joyeros cordobeses abandonaron la sede judicial cordobesa a las 6.30 de ayer. Por la tarde, salieron los otros dos imputados de la ciudadad califal, previo pago de sendas fianzas de 40.000 y 6.000 euros para eludir el ingreso en prisión. En total 22 joyeros fueron detenidos en el marco de la operación Fénix: 14 en Córdoba, seis en Barcelona, una en Málaga y otra en Jaén. El Cuerpo Nacional de Policía efectuó un total de 14 registros a empresas y domicilios de los imputados. El pasado jueves, el juez Yarza ya puso en libertad a otros cuatro detenidos.

La presunta trama delictiva se iniciaba con una empresa con sede en Barcelona, que introducía en España oro comprado en Suiza como inversión, con lo que evitaba el pago de IVA. A continuación la red creó una serie de empresas pantalla a cuyo frente figuraban, según la Policía, "testaferros insolventes".

La empresa principal vendía a estas compañías ficticias el oro y estas declaraban a su vez que lo adquirían como inversión, para seguir disfrutando de la exención de impuestos. Sin embargo, lo que en realidad hacían los integrantes del entramado era vender bajo cuerda el oro a mayoristas y fabricantes de joyería para fabricar alhajas, un movimiento cuya declaración obligaría a abonar el IVA.

Para realizar la gran defraudación a la Agencia Tributaria, la red se apoyaba en la legislación europea. El 12 de octubre de 1998, una directiva de la UE eliminó los impuestos sobre las inversiones en oro para favorecer su uso como instrumento financiero. Hasta que se aprobó esta norma, algunos estados miembros declaraban exentas de IVA las inversiones en oro mientras que otros las gravaban. La directiva de 1998 buscaba acabar con esta diferencia para favorecer la competitividad del mercado del oro en la Unión Europea.

La operación Fenix dio sus primeros pasos en octubre de 2005, cuando la Agencia Tributaria detectó los primeros signos de una presunta actividad delictiva. Una investigación conjunta del área operativa de Aduanas e Impuestos Especiales la Agencia Tributaria en Andalucía y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía en Córdoba y Barcelona acumuló información para determinar que la red había estado defraudando a la hacienda pública en los ejercicios 2003, 2004 y 2005. En la operación, que contó con la tutela de la Fiscalía y del juzgado de Instrucción, se realizaron varias escuchas telefónicas.

Además de evitar el pago del IVA, la red tampoco declaró a Hacienda los beneficios de las ventas en el impuesto sobre la renta ni en el de sociedades. A estos delitos, la policía añade los de falsedad en documento mercantil, delito contable y blanqueo de capitales.