El Gobierno italiano reconoce que el caso del espionaje telefónico fue una exageración

El Gobierno italiano vivió ayer uno de sus momentos menos sublimes. En septiembre denunció que desde Telecom Italia habían sido espiados decenas de miles de ciudadanos, entre ellos Romano Prodi, y aprobó con la máxima urgencia un decreto para contrarrestar lo que el primer ministro calificó de "chantaje contra Italia". Ayer, reconoció que no existían grabaciones comprometedoras para nadie, que todo había sido una reacción "emotiva", y dejó morir en comisión parlamentaria el decreto que estaba destinado a salvar el país.

El asunto estalló el 21 de septiembre. La policía anunció la desarticulación de una trama delictiva organizada por el director operativo del Sismi (servicio de espionaje militar), el jefe de seguridad de Telecom Italia y un detective de Florencia. Según el ministro de Justicia, Clemente Mastella, los detenidos contaban con informes y grabaciones clandestinas de "más de 100.000 personas", entre ellas políticos, empresarios y personajes populares. El ministro de Exteriores, Massimo d'Alema, habló de "amenaza a la democracia".

La situación parecía tan crítica que el Consejo de Ministros celebró al día siguiente una reunión extraordinaria con el único fin de aprobar un decreto destinado a atajar el escándalo. El decreto no sólo establecía reglas contra las grabaciones ilegales: ordenaba que el material acumulado por la trama del caso Telecom fuera destruido de inmediato, porque se consideraba tan comprometedor que no debía ser ni siquiera incorporado al sumario judicial.

"Fue un decreto nacido sobre la emoción del momento", explicó el martes Luigi Ligotti, subsecretario de Justicia, al Corriere della Sera. Ligotti intentaba justificar un acuerdo con la oposición para suspender la tramitación del decreto. "No se trata de un desastre", añadió, "visto que la Fiscalía de Milán nos ha informado de que no existen grabaciones ilegales". Ni grabaciones, ni urgencia, ni escándalo. "Ha sido una farsa", dijo Roberto Castelli, titular de Justicia con Silvio Berlusconi.

El caso Telecom no parece el único globo deshinchado. Semanas atrás afloró otro presunto espionaje realizado desde los ordenadores del Ministerio de Hacienda: los datos sobre la situación patrimonial de Prodi y otros políticos y celebridades locales habían sido espiados numerosas veces de forma no autorizada. Y volvió a hablarse de "conspiración" y de "tramas oscuras", mientras Berlusconi, que figuraba entre los espiados, clamaba contra la "enésima trola" gubernamental. El ministro de Justicia, Clemente Mastella, y el de Infraestructuras, Antonio di Pietro (antiguo fiscal de Manos Limpias), admitieron al poco tiempo que el asunto pudo ser provocado por la curiosidad de un grupo de funcionarios desleales. Esta semana, concluida la investigación policial, quedó claro que no había más que fisgoneo por parte de funcionarios con demasiado tiempo libre.