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La corrupción urbanística

El alcalde y dos ediles del PP en Telde quedan libres bajo fianza de 80.000 euros por cohecho

El juez obliga a los concejales a comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes

El alcalde de Telde, Francisco Valido (del PP), quedó ayer en libertad con cargos de cohecho, tras haber declarado en dos ocasiones distintas a lo largo de la mañana ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Telde, quien le impuso una fianza de 80.000 euros para quedar en libertad. Durante la misma mañana, los concejales populares José Suárez Martel y Sonsoles Martín Jiménez también quedaron en libertad con cargos tras abonar la misma cantidad como fianza. Todos negaron los hechos que se les imputan.

María Eugenia Fernández Torres (hija de la principal encausada en el caso Faycán, María Antonia Torres) quedó también en libertad con cargos por blanqueo de capitales y fianza de 80.000 euros, a pesar de que se acogió a su derecho de no declarar ante el juez. Como medida cautelar, los detenidos que ayer quedaron en libertad deberán comparecer en el juzgado los 1 y 15 de cada mes. Para hoy está prevista la comparecencia de los ediles María del Carmen Castellano, Carmelo Julián Oliva y Domingo Ramírez Galindo, que permanecían en instalaciones de la Jefatura Superior de Policía de Las Palmas. El juez investiga por este caso a 25 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios.

El caso Faycán comenzó en 2005 con la denuncia de un constructor, quien aseguró que había recibido presiones desde el Ayuntamiento de Telde para pagar comisiones económicas a la Concejalía de Obras Públicas a cambio de que se le adjudicasen contratos de obra en este municipio.

El 1 de marzo se produjeron las detenciones de la titular de Obras, María Antonia Torres, su marido e interventor, Enrique Orts, y su asesor Francisco Gordillo. La primera estuvo 62 días en prisión y Gordillo, 47. Orts y los empresarios Antonio Nadal y Felipe Ojeda quedaron en libertad con cargos.

El 8 de marzo se produjeron otras cuatro detenciones: el máximo responsable de la empresa Mazoti (Alejandro Navarro), el director general de cementos Las Torres (Pedro Antonio Betancort), ambos imputados por presunto pago de comisiones y tráfico de influencias, y los funcionarios Milagrosa Ramos y Jorge Rodríguez. Los tres primeros están en libertad con cargos. El 21 de marzo, el juez ordenó la detención de Abelardo Martínez (delegado de Dragados), del empresario Ángel Omar Suárez y otros dos funcionarios, Juan Felipe Martín y Esteban Cabrera, actualmente en libertad con cargos. Unos días después, la policía detuvo al gerente de Urvitel, Juan Carlos Saavedra, en libertad con cargos.

El 25 de abril se produjo la detención de la primera concejal del socio de gobierno del PP, Candelaria Sánchez, de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), a la que se le imputan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Está en libertad con cargos.

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El 26 de septiembre se detuvo a la concejal de Fiestas, Guadalupe López (del PP), y su marido, el constructor Salvador Santana, en libertad con cargos por malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. López es la única concejal de los ocho miembros del PP que ha renunciado a su acta y que ha sido sustituida.

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer proponer que sea el Consejo de Ministros el que decida si procede disolver la corporación de Telde. En caso afirmativo, recomienda que en la gestora que se constituya hasta las elecciones de mayo estén todos los partidos políticos.

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