12 años y medio
Ni 96 años de cárcel como inicialmente solicitó el ministerio fiscal y ha mantenido por su cuenta la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), personada en la causa, ni tampoco los 4 o los 13, según como se tipificara el delito, que pidió el fiscal en la vista del juicio oral. La Sala de lo Penal (su sección primera) de la Audiencia Nacional ha decidido condenar al etarra José Ignacio de Juana Chaos a 12 años y medio de prisión por un delito de amenazas terroristas, con la agravante de reincidencia, por dos artículos escritos en la cárcel y publicados en el diario Gara en diciembre de 2002 con referencias personales a funcionarios de prisiones.
Decir que un tribunal de justicia que actúa en el marco del Estado de derecho es independiente es una redundancia. Pero ello no impide que esa independencia se enfrente a serias dificultades en casos de fuerte repercusión social, susceptibles de generar presiones, espontáneas o inducidas, y que algunos grupos aprovechan para instrumentalizar a la justicia y decirles a los jueces el veredicto que deben pronunciar. El caso de De Juana es paradigmático de este tipo de situaciones, en las que la independencia judicial es sometida a prueba, y que ha venido a complicar más aún la propia presión del afectado, protagonista hace dos meses de una huelga de hambre y desde ayer de otra al considerarse objeto de ensañamiento judicial. De ahí que el propio líder del PP, Mariano Rajoy, parezca incurrir en dicha confusión entre el Gobierno y la Audiencia Nacional, al dirigirse al primero para que no ceda al nuevo "chantaje" de De Juana.
Con toda seguridad, la sentencia no puede contentar, por diversos motivos, ni a sus amigos ni a sus víctimas (las de ETA) y muy especialmente a quienes sacan beneficio instrumentalizándolas. Pero no puede decirse que sea injusta, pues responde a unos hechos que, si han sido debidamente probados en el juicio, son susceptibles de ser condenados como lo han sido, de acuerdo con el Código Penal. Y tampoco puede afirmarse que sea escasa, más bien al contrario, ya que excede con mucho a la más severa que la Audiencia Nacional ha impuesto hasta ahora por amenazas terroristas.
Ya era un disparate jurídico, difícilmente asumible por un Estado que se dice de derecho, pretender para De Juana una condena de 96 años, como frívolamente solicitó al inicio el fiscal y ha mantenido impertérrita la AVT, como una forma añadida de hacerle pagar los 25 asesinatos que cometió pero por los que ya ha cumplido condena. Y es muy lamentable que el secretario general del PP, Ángel Acebes, insista en el mensaje de que la petición del fiscal de 13 años constituyó "una cesión" a los terroristas. ¿Lo es también la condena a 12 años y medio?
