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El proceso para el fin del terrorismo

La sucesión de actos judiciales en pleno proceso de paz alarma al Gobierno e irrita a los partidos vascos

El Supremo anula la absolución de Atutxa y de dos miembros del Parlamento de Vitoria - Los partidos del Ejecutivo vasco denuncian una ofensiva judicial contra el diálogo con ETA

La sucesión de resoluciones judiciales sobre miembros de ETA y sobre la ilegalización de Batasuna en los últimos días ha provocado una grave preocupación en el Gobierno central y la irritación de los partidos que forman el Ejecutivo vasco. El Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero también está alarmado ante el robo de pistolas por parte de ETA y el terrorismo callejero de las últimas semanas en Euskadi, lo que amenaza la viabilidad del proceso abierto para el fin del terrorismo.

En las dos últimas semanas, los distintos tribunales han decidido encausar al lehendakari Juan José Ibarretxe y al secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, por reunirse con la cúpula de la ilegalizada Batasuna; han ordenado el registro de las herriko tabernas en Euskadi y Navarra como consecuencia de la ilegalización de Batasuna dictada hace más de tres años; han condenado a 12 años y seis meses de cárcel al etarra Juan Ignacio de Juana Chaos por un delito de amenazas terroristas y han revocado la absolución del ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y ordenado que se le juzgue de nuevo por un delito de desobediencia. Estas dos últimas resoluciones se conocieron ayer.

La Sala Penal del Tribunal Supremo anuló la absolución del anterior presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV), tras la negativa a disolver el grupo parlamentario de Batasuna. Los representantes de PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida acusaron a los jueces de "ensañarse contra el proceso de paz".

La portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, advirtió en un tono amenazante de que la "sociedad vasca está harta por todo lo que está sucediendo" porque, a su juicio, los jueces "se han pasado de la raya", atendiendo además el recurso de un sindicato "que no representa a nadie", en alusión al grupo recurrente, Manos Limpias.

"Desprestigio social"

Azkarate, que leyó una declaración del Gabinete vasco en una comparecencia de urgencia, denunció que la decisión del Supremo "es un paso más en el progresivo desprestigio social de la judicatura, que se lleva a cabo a pesar del empeño de muchos jueces por hacer de la Justicia un servicio verdaderamente independiente", informa Isabel C. Martínez.

Atutxa guardó ayer silencio y anunció que esperará a conocer de primera mano los fundamentos jurídicos de la decisión avanzada ayer. Su partido, por boca del portavoz de la Ejecutiva peneuvista Iñigo Urkullu, calificó la resolución judicial de "sorprendente y decepcionante" y de estar "absolutamente alejada de la realidad y de las exigencias sociales". Urkullu apuntó además en un comunicado que la sociedad vasca "está percibiendo que determinados estamentos de la Justicia se están convirtiendo en un freno para la normalización política en Euskadi". "Está bien que tengamos que escuchar de los representantes de la Justicia su compromiso con la independencia del Poder Judicial, pero desgraciadamente, y en relación con las cuestiones políticas, han perdido todo crédito", subrayó el portavoz peneuvista.

Gorka Knörr, vicepresidente del Parlamento vasco en el momento en el que se abrió la causa por el caso Atutxa, recalcó que el Tribunal Supremo ha aceptado de "manera rápida e inusual los planteamientos de un sindicato ultraderechista".

Por su parte, la todavía parlamentaria de Ezker Batua que ahora será juzgada de nuevo por esta causa, Kontxi Bilbao, en consonancia con lo expresado por el PNV, dijo que la nueva resolución judicial supone un "ensañamiento contra el proceso de paz" y que la decisión puede "influir desde lo judicial en todo el momento que se está viviendo en Euskadi".

La decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo consiste en anular la absolución del ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y de los miembros de la Mesa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, y ordenar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco que dicte una nueva sentencia en la que resuelva si los tres acusados incurrieron en delito de desobediencia al no haber disuelto el grupo parlamentario de Batasuna, en contra de lo ordenado por la Sala Especial del alto tribunal.

Tras dos horas de deliberaciones, la Sala Penal del Supremo decidió anular la sentencia del Tribunal Superior vasco, que en noviembre de 2005 consideró que las actuaciones de los tres acusados estaban amparadas por la "inviolabilidad parlamentaria", y no entró a juzgarles por la negativa a disolver el grupo parlamentario de Batasuna, Socialista Abertzaleak. Esta decisión fue recurrida por el sindicato Manos Limpias, al que ayer dio la razón la Sala anulando la decisión del tribunal vasco y ordenándole que entre en el fondo del asunto.

La decisión del Supremo implica que Atutxa, Knörr y Bilbao no gozan de inviolabilidad, por lo que el TSJ vasco tendrá que dictar "la nueva sentencia que corresponda". Los tres imputados no tendrán que volver a ser juzgados, sino que el mismo tribunal tendrá que pronunciarse sobre si incurrieron o no en delito de desobediencia. El TSJ tendrá que decidir entre la petición de condena de Manos Limpias, que reclamó una multa de 108.000 euros y dos años de inhabilitación para cada uno de los tres imputados, y la absolución, que apoyan la Fiscalía y la defensa. La Fiscalía, que se querelló contra los tres parlamentarios durante el último Gobierno del PP en 2003, retiró posteriormente la acusación y ayer mantuvo la petición de absolución.

Incumplimiento

En la vista celebrada ayer ante la Sala Penal del Supremo, el abogado de Manos Limpias, Jaime Alonso, criticó la sentencia del TSJ porque "viene a decir que existe un derecho parlamentario al que no vincula ninguna decisión jurisprudencial del Tribunal Supremo". En opinión del abogado, el Parlamento vasco podía disentir de la orden de disolución, pero en modo alguno podía incurrir en la "deslealtad" que supone el "incumplimiento" de la sentencia.

El fiscal Luis Navajas se remitió a su informe escrito, en el que sostiene que el comportamiento de Atutxa y sus dos compañeros no encaja en el tipo penal de la desobediencia, pues de los hechos no se desprende la "rebeldía" ni la "pertinaz postura de pasividad" que exige la jurisprudencia para apreciar el delito.

Alberto Figueroa, defensor de Atutxa, Knörr y Bilbao, pidió a la Sala que confirmase la inviolabilidad de los tres parlamentarios y se preguntó por qué después de 25 años en que el Parlamento vasco ha respetado todas las decisiones de la justicia se le acusaba de "insumisión" y de pretender encubrir la presencia de ETA por parte de Atutxa, "que no está identificado con ETA precisamente". El letrado recordó que el Parlamento vasco analizó y estudió distintas posibilidades de hacer cumplir la orden del Supremo y cuatro de los cinco miembros de la Mesa alcanzaron el consenso para llevarla a la práctica. Pero la Junta de Portavoces lo rechazó y "nadie", dijo, "ha podido demostrar que eso fuera un ardid". "La Mesa no podía actuar en contradicción con criterios marcados por el Parlamento", concluyó.

La Sala Penal, formada por su presidente, Juan Saavedra, e integrada por los magistrados Siro García, Andrés Martínez Arrieta, Perfecto Andrés Ibáñez y Julián Sánchez Melgar, es quien redactará la resolución. El fallo fue anticipado a petición de los medios informativos para evitar filtraciones y el contenido íntegro de la resolución se conocerá en los próximos días.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de noviembre de 2006